Un impuesto al futuro

Colombia lleva años construyendo una agenda de pagos digitales que promete más inclusión, más trazabilidad y menos costos para hogares y empresas. La implementación gratuita de Bre-B, hace menos de un mes, es parte de este propósito y se plantea como una gran promesa hacia una economía libre de efectivo y digital. Es por esto que, la reciente propuesta del Gobierno Nacional para equiparar la retención en la fuente entre los pagos electrónicos y los pagos con tarjetas a la tarifa de 1,5% es altamente inconveniente.

El proyecto es un ataque de frente a la formalización. Al equiparar la retención entre tarjetas y otros medios de pago electrónicos, con la excusa de evitar un arbitraje regulatorio, se olvida que el mayor arbitraje existente se da entre los medios digitales y el efectivo.

Imponer un costo adicional a los medios digitales implica elevar la preferencia por el efectivo y, de esta forma, fomentar la informalidad. Veremos cada vez más en los comercios (en especial las MiPyme) el cartel de “solo efectivo” o “no se aceptan pagos digitales”, pues esto evitará que se les afecte su flujo de caja.

Representa, además, un retroceso para la inclusión financiera y la digitalización. En la última década, Colombia ha alcanzado avances notables: hace diez años, el acceso a productos financieros era de 64%; hoy, se acerca a 100%. Parte de este progreso se explica por la expansión de los pagos digitales y por el desarrollo del Sistema de Pagos Inmediatos, que ha permitido operaciones interoperables, instantáneas y sin costo para los usuarios.

Plataformas como Bre-B y otras soluciones digitales, que hoy conectan a más de 32 millones de colombianos, demuestran que la inclusión y la digitalización avanzan de la mano. Gravar estas operaciones restaría eficiencia y desconocería el propósito social que las impulsó, que es reducir el uso del efectivo, abaratar las transacciones y ampliar las oportunidades para todos.

Esta medida afecta directamente la liquidez y sostenibilidad de las MiPyme. En sectores de baja rentabilidad y alta rotación, la retención propuesta sobre cada operación reduce el capital de trabajo y limita la capacidad de invertir y generar empleo, en un país donde las MiPyme son responsables de más de 80% del mercado laboral. Esta carga adicional puede convertirse en un obstáculo para la productividad y la recuperación económica.

El debate no es sobre cuánto recaudar de lo digital, sino sobre cómo liberar su potencial. En lugar de extender la retención a todos los pagos electrónicos, el país debería eliminar la retención de todo pago digital. Esto sería un primer paso para demostrar un verdadero compromiso con la formalización, la eficiencia y la innovación. Justo ahora, cuando la economía necesita más dinamismo y menos fricciones, la transición del efectivo a lo digital debe asumirse como un bien público. Ponerle un peaje en la puerta de entrada no solo frena su avance, sino que encarece el bienestar futuro.

La banca comparte el objetivo de un sistema tributario más eficiente y equitativo, pero las políticas públicas deben mirar más allá del corto plazo fiscal. Es preferible un terreno nivelado, sin nuevos impuestos que frenen la innovación. Por eso, desde Asobancaria hacemos un llamado al Gobierno Nacional para revisar los efectos de esta medida y preservar la coherencia de la política de inclusión financiera. Gravar la digitalización es gravar el futuro. Hoy, el reto no es recaudar más en lo digital, sino hacer que lo digital llegue a todos.