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El incremento de la inflación desde hace dos años, asociado a factores de carácter local y externo, llevó al Banco de la República a aumentar su tasa de interés de intervención con el ritmo más acelerado de la historia reciente. Esos movimientos, por cierto muy acertados, defienden el poder adquisitivo de los hogares y las empresas, pero también terminan desestimulando el consumo y la actividad productiva.
Como es natural, el incremento de once puntos porcentuales llevado a cabo por el emisor en la tasa de política monetaria desde septiembre de 2021 se ha transmitido a las tasas de interés del mercado, con un elemento atípico adicional: la mayor exigencia de fondeo por parte de la regulación en el marco del cumplimiento del Cfen (Coeficiente de Fondeo Estable Neto). Esta medida macroprudencial, desde luego también necesaria, ha dado cuenta no solo de nuestra ortodoxia sino del gran compromiso de la Superintendencia Financiera y del regulador por nuestra estabilidad financiera.
Sin embargo, en este escenario, las tasas de interés de CDT a largo plazo empezaron a subir seis meses antes de que lo hiciera la tasa del banco central y aceleraron su crecimiento vertiginosamente en 2022.
Esas presiones también se trasladaron al crédito, especialmente en las modalidades de consumo y comercial, que transmitieron rápidamente el movimiento de la tasa de interés de política monetaria. En contraste, en el caso de las tarjetas de crédito, la transmisión tomó más tiempo del habitual y, en vivienda, las entidades han hecho un esfuerzo por no trasladar toda la subida a sus usuarios.
Ahora, en medio de un panorama de clara desaceleración económica para 2023 y con la perspectiva de un cambio en la política monetaria ante unas expectativas de inflación más acotadas, algunas entidades crediticias anticiparon sus decisiones de reducir significativamente las tasas de interés de colocación en tarjeta de crédito (especialmente para las personas de menores ingresos y para compras del hogar asociadas a alimentos, medicamentos y vestuario) y vivienda VIS.
Esta decisión, lejos de perseguir un sobreendeudamiento de los hogares, busca apoyar, de manera responsable, a los segmentos más golpeados en esta compleja coyuntura. Las entidades, desde luego, mantienen una adecuada gestión del riesgo y la evaluación de cada uno de sus usuarios, evitando agregar más incertidumbre y riesgo a la economía. Lo que sí demuestra es que la libre competencia entre las entidades de nuevo opera a favor de los consumidores, aliviando la carga financiera de los hogares más vulnerables, y evitando una mayor afectación en la economía. Tampoco está en contravía con la política del Banco de la República, pues tan solo se anticipa a las reducciones de tasa de interés que se esperan en el segundo semestre del año.
En buena hora, el sector financiero revalida su compromiso con el bienestar financiero de los colombianos y con seguir financiando sus sueños, incluso estrechando sus ya descendentes márgenes de intermediación.
Todo esto no es un hecho menor. Históricamente, no solo en Colombia, el sector financiero ha operado de manera procíclica, presentando los mejores resultados cuando el desempeño económico lucía favorable. No obstante, al igual que lo demostramos durante el covid, cuando mantuvimos una cartera creciendo a ritmos promedio de 5,6% que amortiguaron el impacto en empresas y hogares, el sector vuelve a demostrar su compromiso con el país tomando medidas de alivio económico en medio de escenarios económicos retadores.
