Seguridad energética una política de Estado

Un Estado que planifica bien su economía no debería vivir permanentemente la incertidumbre de los periodos de baja disponibilidad energética asociados a los ciclos climáticos naturales -El Niño y La Niña- propios de nuestra región ecuatorial. Mucho menos cuando la naturaleza nos dotó de una abundancia excepcional de recursos que, bien administrados, permitirían construir una matriz diversificada y con márgenes de seguridad. Según La República, Colombia tiene hoy una matriz eléctrica con un claro peso hidráulico: cerca de 62% de su capacidad instalada, frente a 29% térmico, alrededor de 9% solar y una participación eólica aún marginal.

La sobreoferta energética no se reduce, sin embargo, a evitar el racionamiento. Su propósito más profundo es garantizar la seguridad energética: lograr que hogares, industrias, servicios públicos y medios de transporte dispongan, de manera confiable y a costos razonables, del insumo esencial del crecimiento contemporáneo. Una matriz concentrada en la hidrología es vulnerable cuando las lluvias se retraen; por ello, la diversificación con solar, eólica, biomasa, almacenamiento y respaldo térmico eficiente no es una moda, sino una estrategia de resiliencia. La evidencia reciente lo confirma: el Ideam ha advertido que El Niño reduce las precipitaciones y eleva las temperaturas, efectos que exigen preparación nacional y planes de contingencia.

Imaginemos un país capaz de ofrecer energía competitiva al sector industrial. Dado que el costo energético pesa de manera significativa en muchas cadenas productivas, un kilovatio hora más estable y asequible podría traducirse en bienes y servicios de menor precio, con mayor capacidad para competir en los mercados interno e internacional. Colombia podría aspirar a convertirse en un polo industrial regional, no por subsidios permanentes ni por improvisación, sino por ventajas estructurales: recursos hídricos, radiación solar, grandes reservas de carbón térmico, vientos en el Caribe y una ubicación geográfica estratégica.

El beneficio también llegaría a los hogares. Una tarifa más predecible y sostenible liberaría recursos familiares que podrían destinarse a salud, educación, alimentación y recreación. La energía asequible no es únicamente un asunto técnico: es una política social que reduce desigualdades y fortalece la productividad de las personas.

Aprovechar nuestras riquezas naturales exige planificación seria. Sistemas en serie de generación hidroeléctrica en el río Cauca y en la cuenca alta del Magdalena, junto con proyectos térmicos, solares y eólicos debidamente articulados a la red, pueden mejorar la disponibilidad energética del país. Pero esa expansión debe hacerse con rigor ambiental y social: evaluación de impactos, participación de las comunidades, protección de ecosistemas, uso eficiente del agua y compensaciones justas.

En el mediano plazo, una matriz diversificada y con excedentes podría posicionar a Colombia como una potencia energética regional. La interconexión con países vecinos -Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Brasil- permitiría exportar electricidad en momentos de disponibilidad y comprar respaldo cuando la hidrología sea adversa. La integración eléctrica convierte la variabilidad climática en una oportunidad de complementariedad, siempre que existan reglas claras, infraestructura de transmisión suficiente y acuerdos comerciales estables.

El desafío, entonces, no es elegir entre hidroeléctricas, térmicas o renovables, sino combinarlas con inteligencia. Colombia necesita una política energética de Estado, sostenida más allá de los ciclos de gobierno: planificación de largo plazo, inversión en redes, almacenamiento, eficiencia en el consumo y tarifa social. La seguridad energética es la base de la seguridad económica. Un país que la garantiza no solo evita apagones: construye competitividad, equidad y soberanía.