Efecto Cobra

A finales del siglo XIX, en la India gobernada por el imperio británico, las autoridades enfrentaban un problema que parecía incontrolable: las serpientes venenosas se multiplicaban y atacaban personas, amenazando vidas. Para combatir esta problemática, el gobierno ofreció una recompensa por cada cobra muerta. La estrategia funcionó por un tiempo, hasta que muchos empezaron a criarlas para cobrar el incentivo. Al descubrir la distorsión, las autoridades retiraron el pago y los criaderos liberaron las serpientes. El remedio agravó la enfermedad. A esas consecuencias no previstas de políticas bien intencionadas, pero mal diseñadas, hoy se les conoce como el “efecto cobra”. Este fenómeno sigue vigente en Colombia: abundan decisiones económicas que nacen con un propósito noble, pero terminan produciendo el resultado opuesto, por cuenta de un mal incentivo.

El terreno tributario ofrece ejemplos claros. La propuesta de modificación del ICA en Bogotá buscaba aumentar el recaudo del sector financiero en $450 mil millones, pero varios análisis mostraron que podía generar una caída de $204 mil millones por relocalización de líneas de negocio bancarias en otros municipios. Así, una iniciativa para fortalecer ingresos podría terminar incentivando el traslado de operaciones a municipios con tarifas más competitivas. Algo similar ocurrió en 2022 con la sobretasa de renta al sector financiero: se esperaba recaudar $3,4 billones con la medida, pero solo ingresaron $2,2 billones, evidencia de que una tarifa más alta puede reducir el recaudo y que la curva de Laffer impone límites que no conviene ignorar.

La regulación del sector tampoco ha estado libre de efectos cobra. La modificación del límite de la tasa de usura buscaba ampliar el acceso financiero, pero terminó excluyendo a segmentos de mayor riesgo, empujándolos a buscar soluciones en el “gota a gota”. El país perdió 1,6 millones de tarjetas de crédito por la reducción de la tasa de usura. Algo similar ocurrió con la Ley de Insolvencia de persona natural. Creada para brindar segundas oportunidades, abrió la ventana al fraude. Se ha registrado un aumento del 69% en solicitudes fraudulentas basadas en deudas ficticias o declaraciones imposibles de verificar.

Si cualquier persona puede acogerse sin evidencia, la herramienta deja de proteger al deudor genuino.
El plano legislativo reciente también ofrece señales. La ley de borrón y cuenta nueva nació como un alivio, pero terminó incrementando en un 10% el número de personas reportadas, fomentando la cultura de no pago, al generar la expectativa de futuras amnistías. Además, existen varias iniciativas en curso que, aunque persiguen propósitos loables, si no se diseñan de manera correcta, pueden generar efectos adversos sobre el consumidor financiero.

El debate de fondo es institucional. Preservar la técnica en el diseño tributario significa proteger la capacidad del Estado para financiar la política social, la inversión pública y los bienes esenciales. Cuando el diseño falla, la administración tributaria se debilita y el Estado termina recaudando menos. Allí reaparece el efecto cobra, una política bien intencionada que activa incentivos contrarios y agrava el problema que buscaba resolver.

La vieja historia del Imperio británico lo recuerda con claridad: ninguna política está a salvo de los comportamientos que desencadena y ninguna buena intención reemplaza un diseño riguroso. Cuando no se anticipan las reacciones del sistema, el problema inicial regresa con más fuerza, igual que aquellas serpientes liberadas.