Cuidar el crédito rural

Una de las primeras lecciones que impartimos quienes enseñamos economía es que esta disciplina se rige por principios. Tres de ellos resultan especialmente útiles para analizar la política pública: los individuos responden a incentivos, los mercados suelen ser un buen mecanismo para organizar la actividad económica y el Estado puede mejorar los resultados cuando existen fallas de mercado. Bajo esta lógica, se construyen instrumentos que buscan corregir fricciones y promover sectores estratégicos, como el agro colombiano.

Este es el caso del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (Snca), creado para mantener un adecuado financiamiento del sector agropecuario, según las políticas sectoriales. El Snca crea y promueve tasas de interés diferenciales, garantías y seguros para el agro, y la banca los implementa. La colocación se puede realizar redescontando recursos de Finagro, cuyo origen son la inversión forzosa en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), o con recursos propios de los intermediarios financieros, que sustituyen la inversión forzosa. Ambas vías, hasta el momento, tenían las mismas condiciones financieras en tasa techo, plazos y destinos permitidos.

La Resolución 10 de 2025 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (Cnca), con la intención de promover más el uso del redescuento en oposición a la cartera sustitutiva, introduce diferencias sustanciales entre los dos mecanismos. La norma, entre muchos otros cambios, establece diferencias en tasas y limita el uso de garantías públicas en la cartera sustitutiva. Adicionalmente, exige la implementación de estos cambios en tan solo tres meses. Sin embargo, alterar los incentivos del financiamiento agropecuario puede generar efectos imprevistos.

Aquí aparecen dos puntos para reflexionar. Primero, los diferentes instrumentos de crédito no se reemplazan entre sí de manera automática. Si el uso de la cartera sustitutiva se complejiza, no necesariamente aumenta el crédito vía del redescuento, como parece suponer la norma. En algunos casos, simplemente ciertas operaciones dejarán de hacerse. Estimaciones preliminares indican que la colocación de crédito agropecuario caería 12%, lo que se traduce en $4,7 billones menos de créditos para los productores agropecuarios.

Segundo, en un sector tan volátil como el agro, los cambios regulatorios y los plazos de implementación tienen un impacto directo en la colocación de crédito, con el agravante de que esto sucede en un momento especialmente importante para el país, donde el agro crece por encima de la economía, las exportaciones agrícolas se están fortaleciendo y hay señales claras de recuperación. En este contexto, cualquier ajuste que se traduzca en menos crédito afectaría la senda positiva del sector.

Por eso, más que priorizar una fuente de crédito agropecuaria sobre otra, redescuento sobre la sustitutiva, la invitación es a profundizar el crédito agropecuario en su conjunto para pequeños productores, sin importar su fondeo. La política pública debe apuntar a incentivar el crédito agropecuario por todas las vías posibles y hacerlo de forma eficiente e innovadora. Además, es importante dar tiempos prudentes a la industria para los ajustes estructurales que supone una resolución de esta magnitud. Los tres meses dispuestos por la norma no son suficientes y llevarán a que en el periodo de ajuste las colocaciones de crédito se vean disminuidas.

Un año es un plazo más razonable para cumplir y no afectar la continuidad del crédito agropecuario. En un tema de tanto interés para el país como el financiamiento agropecuario, del afán no queda sino el cansancio. Cuidar el crédito rural es cuidar la recuperación económica, el empleo y el desarrollo del país. La conversación debe seguir, con el propósito de contribuir a que más productores accedan al financiamiento que necesitan para sembrar, crecer y tecnificar el campo, sin importar el instrumento que se utilice para ello.