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En los últimos años, la tecnología y el análisis de datos han demostrado ser herramientas clave para combatir el fraude y el abuso dentro de los sistemas gubernamentales. Un ejemplo reciente de este enfoque es la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental, (Doge, por sus siglas en inglés) durante el segundo mandato de Donald Trump. Doge fue establecido con la misión de reducir el gasto federal y modernizar la tecnología gubernamental para maximizar la eficiencia y productividad del gobierno de los Estados Unidos y está liderada por el magnate de la tecnología, Elon Musk, quien ha promovido la automatización y el uso de inteligencia artificial en la administración pública.
Desde su establecimiento mediante una orden ejecutiva, Doge ha implementado varias medidas para optimizar el funcionamiento del gobierno. Entre ellas, se encuentran la reducción de la burocracia, la implementación de IA para la detección de fraude y la modernización de sistemas informáticos obsoletos que han permitido que se mantengan registros erróneos en múltiples programas gubernamentales.
En los Estados Unidos, miles de ciudadanos registrados como mayores de 100 años siguen figurando en la base de datos de la Seguridad Social, a pesar de que muchos han fallecido hace décadas. Este problema no es menor, ya que permite que familiares o terceros continúen cobrando pensiones de manera fraudulenta, generando pérdidas millonarias para el sistema. Japón enfrentó un problema similar cuando una auditoría reveló que más de 230.000 personas supuestamente centenarias no podían ser localizadas, lo que desató sospechas de fraude en los registros públicos.
Para abordar estos problemas, Doge ha promovido el uso de análisis de datos avanzados y automatización de procesos administrativos. El objetivo es detectar patrones sospechosos, como pagos recurrentes a personas extremadamente longevas o beneficios distribuidos a direcciones inexistentes. La idea es aplicar principios similares a los que las grandes empresas tecnológicas utilizan para prevenir fraudes en plataformas de pagos y comercio electrónico. Sin embargo, la implementación de estos sistemas en otros países conlleva tanto beneficios como desafíos.
La reducción del fraude permitiría un uso más eficiente de los fondos públicos y aumentaría la transparencia en la administración gubernamental y los procesos automatizados podrían reducir costos administrativos y mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, también existen preocupaciones sobre la privacidad de los datos, ya que el uso masivo de información personal podría generar conflictos sobre la protección de los derechos de los ciudadanos.
Otro reto importante es la resistencia al cambio dentro de la burocracia gubernamental. La automatización genera tensiones dentro del aparato estatal, ya que algunos funcionarios ven estas reformas como una amenaza a la estabilidad laboral o a las estructuras tradicionales de poder y aunque los algoritmos pueden mejorar la eficiencia, también pueden generar errores si los sistemas no están bien diseñados o si los datos utilizados para entrenarlos contienen fallos.
Doge ha generado un intenso debate en los Estados Unidos sobre el equilibrio entre eficiencia gubernamental y la prestación de servicios esenciales. A pesar de esto, la implementación de tecnología avanzada en los gobiernos parece ser un camino inevitable. La clave estará en cómo se equilibra la automatización con la protección de los ciudadanos, asegurando que las herramientas tecnológicas sean utilizadas de manera ética y efectiva para mejorar la eficiencia sin comprometer derechos fundamentales.
