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Cuando ganar es más dañino que perder

Con la publicación esta semana de la decisión del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que revive la cláusula de “reversión de activos” de los contratos de concesión de telefonía móvil suscritos en 1994 entre el Estado colombiano y las empresas pioneras del servicio, se abre un nuevo capítulo de la trágica historia de las telecomunicaciones y de la inversión extranjera en Colombia.
Todo empezó en 1994 cuando las empresas Comcel, Occel y Celcaribe, (convertidas en el año 2012 en Claro) y Celumóvil y Cocelco (posteriormente adquiridas por Bellsouth, años mas tarde por Telefónica y finalmente parte de la nueva Colombia Telecomunicaciones) fueron seleccionadas en una licitación pública para ser los prestadores del servicio de telefonía móvil celular en Colombia. En el contrato de concesión se acordaba que al terminar el período de la misma, los bienes afectos al servicio pasaban a ser de propiedad del Estado. En este caso, aparte del espectro radioeléctrico, los bienes más importantes y estratégicos son los equipos (antenas, cables, torres, etc.) que conforman la red. En 1998, la Ley 422, cambió la condición de manera que “la reversión solo implicará que revertirán al Estado las frecuencias radio eléctricas asignadas, para la prestación del servicio”.

Hoy en día, los equipos parte de la red celular no son los mismos que se instalaron hace más de 20 años. Ambas empresas han invertido varios millones dólares en actualizarlos y mejorar su capacidad para ofrecer más y mejores servicios a los usuarios. La tecnología evolucionó de un estándar analógico puramente enfocado a voz, a servicios de cuarta generación donde el consumo de mayor crecimiento es el de los datos. Es innegable el beneficio que las inversiones tanto de Claro como de Telefónica han brindado al país en innumerables sectores.

El viacrucis que hoy tiene a ambas empresas a puertas de pagarle al Estado más de US$2.000 millones, se inició en 2013, cuando el ciudadano (y ex magistrado) Jorge Arango Mejía, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, presentó una demanda contra la Ley 422 ante la Corte Constitucional, la cual falló meses más tarde en contra de los operadores.
El tema se ha vuelto una bandera de batalla para congresistas y ministros, que al mejor estilo de cualquier “república bananera” creen que la reversión debe ejecutarse, ya sea con la entrega de la red o con un pago en efectivo, para financiar con esos activos, la creación de una empresa telefónica estatal que fomente la conectividad y preste el servicio directamente o a través de contratos de arrendamiento con los operadores; como si el Estado tuviera idea de operar.

Los argumentos jurídicos pueden ser válidos, lo que queda claro es que el supuesto triunfo del Estado en esta batalla, no es más que la culminación de una serie de errores históricos que puede terminar siendo más costoso a largo plazo para todos los colombianos. La contienda empaña la aparente seguridad jurídica que necesita un país en busca de inversión extranjera. En un país que necesita la llamada Industria 4.0 (digitalización de los procesos productivos) para recuperar la senda del crecimiento, se requiere una infraestructura robusta de telecomunicaciones y con este tipo de decisiones se crea un precedente nefasto para quien quiera seguir los pasos del ingeniero Slim y de Telefónica de invertir en el país. De nada sirve que el gobierno presente un plan para la economía digital, cuando se castiga de semejante manera la inversión en infraestructura.