¿Quienes pagarán por el rescate de Electricaribe?

El estatuto orgánico del sistema financiero otorga herramientas legales para que ante la crisis de un servicio público esencial como la distribución y comercialización de energía, se puedan adoptar medidas efectivas para superarla.

Con base en esa Ley, se ha planteado que Electricaribe no pague las deudas adquiridas por sus dueños con bancos, proveedores y generadores por $2,5 billones. El Gobierno busca, además, con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, bases para asumir el pago del pasivo pensional por $1,2 billones, crear una sobre tasa a nivel nacional de $4 por KW de energía consumido y, además, dividir la operación del servicio en dos zonas aumentando en un 10% la concentración del mercado de energía autorizado por la regulación.

Después de 22 meses de trabajo, el 28 de septiembre de 2018 se publicó una convocatoria con un reglamento que establecía que los inversionistas asumieran la operación pagando las deudas anteriores a la intervención, el pasivo pensional y las inversiones en infraestructura, sin embargo, no hubo interés. El único oferente, grupo Enel, estaba casi al tope de la concentración del mercado y en esas condiciones era imposible adjudicarle la operación del servicio.

Con ese primer intento concebido como el Plan A, quedó demostrado que con la carga de los pasivos además de las inversiones en infraestructura por más de $7 billones en 10 años, el negocio no es rentable. El resultado de la convocatoria de septiembre es el que ahora facilita al Gobierno Nacional presentar el Plan B. Se espera que estas duras medidas tanto para acreedores, Gobierno y usuarios de energía sean la tabla de salvación de la crisis del servicio de energía en el Caribe.

Aunque la segmentación del mercado no genera valor puesto que se desaprovechan las economías de escala y la infraestructura tecnológica y física con la que cuenta Electricaribe, con la división se le abren las puertas a grandes y expertos operadores del país como EPM y Codensa, quienes gracias a la nueva Ley del Plan no tendrían restricciones de concentración del mercado.

Viene ahora la etapa de análisis de los interesados, de sumas y restas, pues no todo está escrito en este complejo mercado de distribución y comercialización de energía en la Costa Caribe.

Por su parte, sin que aún esté cerrado el capítulo de la conciliación con los accionistas mayoritarios en un marco de demanda y contra demanda, se espera que haya concurrencia en esta nueva convocatoria, puesto que de no concretarse ni la conciliación con los dueños o la búsqueda de inversionistas, en ese orden, el Plan C no será diferente a que el Estado garantice la continuidad del servicio como lo señala la Constitución, y ello con cargo al bolsillo de todos los colombianos.