Observaciones a subasta de energía renovable

En la última década, Colombia -aunque de manera no consensuada ni planificada- ha buscado transformar su matriz eléctrica para hacerla más limpia, más competitiva y más beneficiosa para la sociedad. En ese contexto, el Gobierno Nacional ha planteado nuevas reglas para promover el desarrollo de fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica. La reciente subasta propuesta por el Ministerio de Minas y Energía representa un paso en la dirección correcta, en la medida en que estas tecnologías pueden producir electricidad a menores costos y contribuir al bienestar económico del país.

Sin embargo, el diseño del mecanismo presentado merece un análisis cuidadoso. El esquema planteado establece que tanto quienes producen electricidad como quienes la compran presenten ofertas de precio y cantidad. En principio, este enfoque busca que el mercado encuentre un punto de equilibrio competitivo.

No obstante, existe una preocupación relevante: quienes representan la demanda son empresas intermediarias que venden la electricidad a los usuarios finales, y estas compañías podrían no tener la fortaleza financiera suficiente para ofrecer garantías de largo plazo. Tampoco está asegurada su participación continua en futuras subastas a lo largo del tiempo, de modo que puedan mantener condiciones competitivas y trasladar precios promedio decrecientes a sus clientes en los años siguientes. Esta situación genera incertidumbre. Si los proyectos que producen energía limpia no cuentan con la seguridad de recibir ingresos estables, los inversionistas pueden mostrarse cautelosos. Ello podría retrasar la construcción de nuevas plantas y limitar los beneficios que estas tecnologías pueden ofrecer a la sociedad.

La experiencia internacional ofrece enseñanzas valiosas. Países como Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Malasia y Perú han adoptado mecanismos en los que el sistema eléctrico, en su conjunto, participa en la compra de energía renovable. En estos casos, el respaldo proviene del sistema nacional y no de empresas individuales. Esto reduce los riesgos, facilita la inversión y contribuye a obtener precios más bajos para los consumidores.

En Malasia, por ejemplo, las subastas de energía solar han logrado reducciones significativas en los precios gracias a una alta competencia y a reglas claras. En Perú, las convocatorias con condiciones simples han atraído inversión extranjera y han permitido asegurar precios favorables. En Brasil, el modelo combina diferentes herramientas para garantizar transparencia y eficiencia. Estos ejemplos muestran que el diseño institucional influye de manera directa en los resultados.

En Colombia, la experiencia previa con mecanismos similares ha evidenciado limitaciones. Cuando los acuerdos dependen exclusivamente de empresas individuales, el sistema se vuelve más vulnerable y menos eficiente. Esto resulta particularmente relevante en un momento en el que las tecnologías renovables están reduciendo rápidamente sus costos, lo que abre la posibilidad de trasladar esos beneficios a toda la población. Por esta razón, sería recomendable considerar un enfoque en el que la compra de energía renovable se realice de manera centralizada, con el respaldo del sistema eléctrico nacional, promediando un volumen muy alto de contratos y precios decrecientes en el tiempo. De esta forma, el costo se distribuiría entre todos los usuarios, en lugar de recaer únicamente sobre los clientes de una empresa específica. Este modelo permitiría que los beneficios de las energías limpias se compartan de manera más equitativa.

Además, este enfoque contribuiría a crear un entorno más estable y predecible, lo que podría incentivar la inversión y acelerar la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. Con el tiempo, también facilitaría la incorporación de nuevas tecnologías de almacenamiento, mejorando la confiabilidad del sistema.

Colombia tiene la oportunidad de construir un modelo moderno que combine sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y beneficio social. Para lograrlo, será clave aprender de las experiencias internacionales y diseñar reglas que garanticen que los menores costos de las energías renovables se traduzcan en beneficios reales para todos los ciudadanos.