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Estamos en año electoral en Colombia y, en medio del ruido, hay una pregunta que casi no aparece: ¿cuántos estamos votando con memoria económica?
Colombia no empezó ayer. Nuestra historia económica es una cadena de decisiones que explican lo que hoy somos. La creación del Banco de la República en 1923 no fue un trámite técnico; fue la respuesta a crisis monetarias que exigían estabilidad. La industrialización de mediados del siglo XX respondió a una visión concreta de país. Y la apertura de los años noventa transformó nuestra estructura productiva y nos obligó a competir con el mundo.
Entre 1970 y 1998 el país creció, en promedio, por encima de 4% anual. Después vinieron desaceleraciones, choques externos y crisis fiscales. En 2020 el PIB cayó cerca de 7%, la contracción más profunda en décadas. La recuperación no fue automática: exigió disciplina fiscal, coordinación monetaria y decisiones difíciles que evitaron un daño mayor.
Nada de esto fue casualidad
Hoy seguimos siendo una de las economías más desiguales de América Latina. El coeficiente de Gini ronda 0,54. La pobreza monetaria supera 30%. La informalidad laboral está por encima de 55% en muchas ciudades. Son cifras que exigen responsabilidad.
Preocupa, entonces, que el desconocimiento de nuestra historia económica nos lleve a celebrar decisiones sin mirar sus consecuencias. Aplaudir incrementos elevados del salario mínimo puede parecer un acto de justicia -y la dignidad del trabajo lo es-, pero sin productividad que lo respalde y sin fortalecimiento empresarial, el efecto puede ser contrario: más informalidad, menos empleo formal y mayor presión sobre pequeñas empresas que ya operan al límite.
La economía no responde a aplausos; responde a incentivos y a confianza.
En los últimos años el déficit fiscal ha superado 6% del PIB y la inversión privada ha caído frente a promedios históricos cercanos a 20%. Cuando la inversión se debilita, el empleo formal se resiente. Cuando el gasto crece sin sostenibilidad, las generaciones jóvenes terminan pagando la cuenta. Cerca de 25% de la población colombiana es joven. Ellos definirán el rumbo del país durante las próximas décadas. Pero el entusiasmo electoral no reemplaza la comprensión económica básica: qué es la inflación, cómo funciona el déficit, por qué importa la seguridad jurídica y qué relación existe entre productividad y salarios.
La historia económica no es nostalgia académica; es brújula técnica y también moral. En un año electoral no solo elegimos personas. Elegimos la manera en que queremos crecer, distribuir y sostener la riqueza. Elegimos si valoramos la preparación, el rigor y la capacidad de gobernar con conocimiento.
He visto en los territorios -en aulas, en regiones que luchan por oportunidades reales y en espacios donde una segunda oportunidad cambia destinos- que el desarrollo no es un discurso; es una decisión que se sostiene en el tiempo. Y esas decisiones comienzan por entender de dónde venimos.
Colombia no necesita más entusiasmo sin fundamento. Necesita memoria, carácter y liderazgo preparado. Porque el futuro no se improvisa; se construye con conocimiento.
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