Seguridad e instituciones

La incapacidad del Estado para ejercer el monopolio del poder coercitivo en Colombia ha costado muchas vidas, dificultado la prestación de servicios a millones de personas y facilitado daños incalculables al medio ambiente. Resolver este problema es esencial para construir una sociedad más próspera, menos desigual, y sostenible desde las perspectivas económica, social y ambiental.

El país vivió muchas guerras civiles en el siglo XIX; la última, entre 1899 y 1902, dejó al país en la ruina, y no resolvió de manera definitiva la tensión entre liberales y conservadores, que se manifestó de nuevo con violencia en algunas regiones en los años 30, y a escala nacional desde el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de Abril. La violencia entre los partidos significó 200.000 muertos entre 1948 y 1957, y cercenó muchas oportunidades de desarrollo. Se terminó a raíz de acuerdos entre el líder conservador Laureano Gómez y el liberal Alberto Lleras en España, cuya consecuencia fue el fin de la dictadura militar de Gustavo Rojas en 1957 que duró cuatro años. Desde 1958 hubo alternación en el poder entre los dos partidos durante 16 años. En 1964 residuos de bandas rurales liberales se volvieron guerrilla del partido comunista.

Poco después se formaron el EPL, de orientación chinista, y el ELN, con supuesta inspiración cristiana. En los 70 el narcotráfico ha interferido en la vida del país, con corrupción, muerte y desconocimiento del marco normativo en vastas regiones. La discutida legitimidad de las elecciones que ganó Misael Pastrana en 1970 contra el general Rojas impulsó la formación del M19, guerrilla con perfil intelectual.

La debilidad de las instituciones permitió que las Farc llegaran a controlar casi la mitad del territorio, aunque con escasa población. El gobierno de César Gaviria inventó la distinción entre narcotráfico y narcoterrorismo, para combatir al cartel de Medellín por el homicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989, y logró acuerdos con el EPL y el M19. La administración de Ernesto Samper combatió a las organizaciones de narcotraficantes, presionado por el deterioro en las relaciones con EE.UU. a raíz del ingreso de recursos de ellos a su campaña. La de Andrés Pastrana buscó acuerdos con las Farc; la conducta visible de los directivos de las Farc en el proceso les ganó gran impopularidad; entre tanto, se robustecieron las fuerzas armadas, lo cual permitió que se redujera el área en manos de esta guerrilla, de más de 400 municipios a unos 200 bajo Álvaro Uribe, pero el Estado no pudo ganar la guerra: el gobierno logró acuerdos con grupos paramilitares, auspiciados por narcos y terratenientes, pero no pudo establecer un proceso de negociación con las Farc. El de su sucesor, Juan Manuel Santos, negoció y logró acuerdos, pero no ha sido efectivo en ocupar el territorio.

La ineficacia para ejercer el poder en el campo y en las barriadas de las ciudades persiste. Sin superar este problema será inversión improductiva la atención a los compromisos. Hay que enderezar los cimientos del Estado: corrupción, falta de estrategia y debilidad en gestión de Ejército y Policía apuntan a la necesidad de revisar la institucionalidad patria con diagramas de flujo para hacerlos coherentes. La tasa de homicidios es muy alta, casi 30 por 100.000.

La guerra de la coca sigue...