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Es tiempo de elecciones. Las propuestas del candidato de la extrema izquierda harían más difíciles las vidas de la gran mayoría de los colombianos. Más bien se requieren reformas en asuntos críticos para que el Estado sí funcione y el país ofrezca oportunidades para todos sus habitantes:
Administrativa: (1) reducir el número de subordinados directos del presidente a máximo 12; (2) establecer 5 a 7 regiones mediante integración de departamentos, como indica la Carta, y descentralizar la gestión del gobierno central para que haya correspondencia con las regiones; (3) integrar la planeación, la contabilidad, la estadística y los sistemas de información en una verdadera contraloría como parte de la administración, con responsabilidad por la verificación de que las transacciones atiendan objetivos y restricciones.
Educativa: cambiar el sistema de educación pública básica y media para que el país tenga futuro.
Sanitaria: arreglar el sistema de salud para que sea efectivo.
Tributaria: simplificar de manera radical el Estatuto Tributario, para evitar preferencias y discriminaciones, y combatir la evasión, la elusión y la corrupción.
Laboral: suprimir los recargos al gasto laboral por Sena e Icbf para facilitar el trabajo formal; hoy solo cobija a 35% de la población activa en la economía.
Política: fijar al menos 5% del total de votos para reconocer partidos y permitir su participación en el Congreso, de manera que sean verdaderos vehículos de propuestas para atender necesidades siempre cambiantes. Los partidos deben impulsar la participación de todos los ciudadanos en los asuntos de interés general, y así convenir prioridades para barrio, localidad, metrópolis, región y país.
Reforma electoral: establecer financiación estatal exclusiva para las campañas políticas, con formatos y actividades predefinidos, para evitar que las campañas sean ejercicio de mercadeo de nombre y se vuelvan oportunidad para la educación cívica y el entendimiento de las instituciones alrededor de decisiones importantes.
Comercial: suprimir las protecciones no arancelarias para inducir el uso eficiente de los recursos disponibles, en vez de proteger cadenas productivas poco competitivas.
Cambiaria: asignar al pago de deuda externa recursos provenientes de menores gastos por mayor eficacia en la gestión, para así debilitar el peso mientras se diversifica la canasta exportadora y se reduce la volatilidad de la moneda, atada hoy al petróleo y poco vinculada a la productividad del país.
De otra parte, conviene revisar en forma integral la Constitución. Es prioridad evaluar la conveniencia del régimen presidencial, que concentra exceso de autoridad en una persona, con riesgos enormes. Hay, sin embargo, muchos otros asuntos. Así, cabe revisar el potencial conflicto entre las máximas instancias judiciales, el sistema penal acusatorio, las reglas para nombrar los miembros de la Corte Constitucional y el fiscal general, y la participación del Minhacienda en la junta del Banco de la República.
Urge expedir un sencillo código de conducta obligatorio para todos los servidores públicos, y así cultivar la conciencia sobre valores: el respeto y la solidaridad deben guiar al país.
Se necesita conjugar audacia y rigor. Quien asuma el papel protagónico debe entender la importancia de enderezar el rumbo y mirar el mundo con amplitud.
No parece lejano un apagón, sumado a un alto déficit de gas (empeorado con el tema de Canacol); algo verdaderamente catastrófico se avecina
A semanas de las elecciones, no se puede descartar la repetición de este patrón: la reactivación de las primeras líneas con apoyo del crimen organizado, con el fin de incendiar de nuevo el país