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Analistas 10/04/2021

Reforma sin sentido

Gustavo Moreno Montalvo
Consultor independiente

El Gobierno ha puesto sus cartas sobre la mesa: para enfrentar la grave situación fiscal, consecuencia de la pandemia, ha escogido el camino de aumentar los impuestos a quienes ya pagan lo debido y establecer nuevo impuesto al patrimonio con base en las declaraciones de renta del pasado, y exacciones al sector financiero para movilizar recursos con destino a las micro y pequeñas empresas, cuyas necesidades hoy tienen atención adecuada por entidades de crédito formales. Además propone mantener tratamiento preferencial a subsectores selectos, como los de la economía naranja, del afecto del presidente, con escaso peso en la economía y limitado potencial de crecimiento en las actuales circunstancias. El proyecto divulgado el miércoles pasado amplía el ámbito de los bienes gravados con impuesto al valor agregado y plantea en compensación mínima reducción de tarifa general.

Preocupa la escasa imaginación desplegada frente a la necesidad de impulsar el crecimiento sostenido. Contrasta con la propuesta de Fedesarrollo, respaldada por muchos economistas reconocidos, con un interesante conjunto de cambios acertados. Recomienda impulsar la desvinculación entre ingreso laboral y seguridad social, para fortalecer la formalización del trabajo, y ampliar el apoyo a población en la base de la pirámide de ingresos, con importante impacto social y aumento del consumo, con el correspondiente impacto multiplicador para la economía. Fedesarrollo comete el mismo error del Gobierno al proponer impuesto al patrimonio, absurdo porque grava por anticipado renta futura, pero este problema es secundario frente a las virtudes de la propuesta al compararla con la oficial.

Las propuestas de Fedesarrollo merecen más consideración que las del gobierno, pero ellas tampoco abordan los problemas de fondo, relacionados con la baja productividad del país, su dependencia del petróleo para propósitos de liquidez internacional e ingresos fiscales no tributarios, y el obstáculo al desarrollo social que representan el muy mediocre legislador, la justicia inoperante y politizada, la desarticulación entre gobierno central y regiones, la escasa vigencia de planes de desarrollo rígidos y cortoplacistas, y las nociones arcaicas de control hoy aplicadas. El desorden de lo público es caldo de cultivo para la corrupción y el desperdicio.

Vienen tiempos difíciles para las finanzas públicas, y es muy grave el escaso o nulo reconocimiento de realidades importantes: el servicio de la deuda se puede convertir en pesadilla si el país no crece en forma significativa en el presente año, y para negociar nuevos plazos con los acreedores sería conveniente tener el respaldo de un país en proceso de ordenamiento. Cabe preguntar por qué no rediseñar los procesos públicos básicos para mejorar la calidad del gasto y así hacer del Estado partícipe del crecimiento en vez de bulto que es inevitable cargar. Se necesita un sector público eficiente, capaz de promover crecimiento sostenido y preparar el país para tareas que toda la humanidad debe enfrentar, vinculadas con el ambiente, los riesgos éticos de la tecnología, la extensión de la vida sin correlación con ampliación de la vida laboral, y los riesgos de guerra de destrucción total. La pesadilla de Latinoamérica es su Estado mal organizado, reflejado en mala educación pública y modesto desempeño. El caso de Colombia obliga a examinar soluciones audaces.