Protección social

En los últimos dos siglos, con la revolución industrial y la urbanización, la discusión política se ha extendido a toda la población en Occidente. Han florecido en general dos clases de posiciones: las individualistas, que definen la libertad como propósito central de las políticas públicas, y las que proponen la solidaridad a través de mecanismos a cargo del Estado. Las primeras aducen que el progreso se construye con base en el esfuerzo individual mientras las segundas plantean que los humanos dependemos unos de otros. A finales del siglo 19 el filósofo alemán Karl Marx planteó que el conflicto entre trabajadores y propietarios del capital es la base de la dinámica social en el mundo industrializado, y pronosticó inevitable triunfo de los primeros.

El siglo 20 vivió el fracaso de la propiedad estatal en Rusia y China, la formulación del modelo social demócrata y la burocratización asociada al crecimiento de lo público, pero también el aumento de la desigualdad en el último medio siglo, cambios en el equilibrio de poder entre Occidente y Asia, y la extensión de la vida mucho más allá de la fase productiva, con implicaciones para las necesidades en educación y en servicios de salud.

Ni la posición individualista ni la estatista son adecuadas hoy. Se requiere creatividad para atender propósitos específicos, pero también marcos institucionales acertados y dinámicos, con capacidad de ajuste ante cambios de contexto. La solidaridad es esencial para los servicios de salud. Hay evidentes economías de escala con espacio para iniciativas diversas en competencia para establecer mecanismos de promoción y prevención y así evitar uso inadecuado de recursos, incluidos tiempos de usuarios, profesionales y administradores. La educación también debe cobijar a toda la población: los cambios permanentes de tecnologías vuelven obsoletas hoy las destrezas valiosas de ayer. Todos los humanos deberán cultivar varias vocaciones en paralelo desde la educación media hasta la muerte para preservar capacidad laboral.

Así las cosas, salud y educación públicas requieren cobertura universal permanente, con solidaridad para cubrir desviaciones y disfuncionalidades en una población muy grande. También corresponden al Estado asuntos como hacer las leyes, producir providencias judiciales, administrar relaciones internacionales, ofrecer seguridad a la población, proveer infraestructura para todos, e impulsar la investigación básica. Es preciso reconocer sus tareas y acometerlas con eficacia. Esa orientación permitirá construir la necesaria malla de protección para los estamentos vulnerables, con elementos complementarios a medida en que el desenvolvimiento de la economía lo permita.

Todos los países desarrollados del mundo tienen instituciones solidarias adecuadas. En contraste, en casi toda Latinoamérica la elevada informalidad laboral consumirá en los próximos lustros cifras importantes para sostener la vejez de quienes no tienen expectativa pensional. El crecimiento rápido apoyado en acertado diseño de instituciones públicas y mentalidad abierta al mundo permitirían atender las expectativas de la sociedad en forma equilibrada. Las reglas laborales y el límite a la tasa de interés son mecanismos de protección social de fácil administración una vez se ha alcanzado cierto nivel de prosperidad. Es preciso propiciar condiciones bajo las cuales la solidaridad será efectiva.