Organizar lo público

Organizar lo público es tarea de todos los humanos. Es improbable que lo hagan por su propia iniciativa quienes representan a la sociedad en las instituciones actuales, porque asumirían el riesgo de quedar en el aire. Por consiguiente, el reto es para la sociedad civil. En el caso de Colombia el asunto es de especial importancia por la pésima conformación del Congreso, a quien corresponde hacer las normas. Además, la justicia no es independiente ni eficaz. También es grave la desarticulación entre la administración nacional y la local, y son arcaicos los mecanismos mediante los que se busca asegurar la congruencia entre transacciones y objetivos.

El proceso natural para la reorganización es revisar la Constitución Nacional, artículo por artículo, para determinar qué asuntos deben quedar allí, cuáles deben rebajarse a la categoría de ley especial, con mayorías calificadas, ley ordinaria o acto administrativo, y cuáles deben suprimirse por inconsistencia con lo que debe quedar o modificarse sin suprimirse. Luego se debe definir si conviene un régimen presidencial, como el actual, o parlamentario, en el cual el legislador decide en últimas los asuntos de la administración; el único país desarrollado con régimen presidencial claro es EE.UU., la primera democracia liberal.

También se debe definir si proceden marcos normativos diferentes para diversas partes del territorio; en Colombia hay autonomía para las comunidades indoamericanas, a las cuales se les concede incluso el derecho de castigo corporal. Además, se debe escoger entre cúpula administrativa plural, como se practica en el sector privado, o si se prefiere unipersonal, sea primer ministro o presidente según el régimen. También habría que escoger entre decisiones sobre uso de los recursos públicos desde el gobierno central, como ocurre hoy, o autonomía regional.

El reto más importante sería asegurar un buen el legislador, en contraste con lo actual, con partidos políticos que tengan el respaldo de al menos 5% de los votos y selección de aspirantes que asegure perfiles adecuados. De igual forma sería clave lograr claridad en los procesos de formación y operación de la justicia, con el reconocimiento de la máxima jerarquía jurisprudencial para la Corte Constitucional, e independencia en las sentencias.

Se debe preservar el compromiso con los derechos esenciales como cimiento del andamiaje. El primer criterio para evaluar procesos y estructura debe ser su atención a ellos, que se reflejaría en tasas de homicidio mucho menores, y diferencia importante entre la distribución del ingreso antes de y la distribución después de impuestos y subsidios, hoy vergonzosamente iguales.

Por supuesto no todos los problemas se reflejan en los indicadores ni son ellos el único propósito, pero saber que nuestra tasa de homicidios es cinco veces la de EE.UU., la más alta entre los países desarrollados, que en el mismo país, quizá el menos redistributivo entre los desarrollados, la diferencia entre los coeficientes de Gini, que miden la desigualdad en el ingreso, es de doce puntos porcentuales, y en Alemania es de más de veinte, y que nuestra calificación en las pruebas PISA es 410 cuando el promedio de la Ocde es 483 debe ser motivo de honda reflexión sobre la eficacia de lo público. Sin buenas instituciones, con procesos básicos adecuados, no habrá salto al siglo veintiuno; la realidad arrollará.