La debilidad del Estado

El Estado no ejerce en general el monopolio del poder coercitivo en Colombia. Se observa por igual la ausencia en el campo y en las barriadas de las ciudades. Por otra parte, se enuncian derechos sin tener los recursos para asegurar su defensa; la garantía de su atención que debe asumir el Estado no tiene correspondencia efectiva con obligaciones a cargo de los asociados. Además, el ejercicio del libre albedrío en demérito de los derechos ajenos no conoce límite. Preocupa, para concluir un breve inventario sin pretensiones taxativas, que pedir orden puede ser motivo de censura por supuesta intolerancia. Nuestro Estado parece reservar su poder para aplicarlo a quienes obran dentro de la legalidad. Arrolla a quienes operan dentro de la formalidad. Utiliza para ello diversos vehículos, como la Dian, la SIC, la Ugpp, los Juzgados, la Oficina del Trabajo y el Sarlaft; los funcionarios responsables evidencian inclinación extorsiva con frecuencia. Además no se reconoce el derecho a la reputación sin condena judicial: se viola la reserva del sumario y se divulga cualquier proceso como si hubiera habido llamamiento a juicio, con la consecuencia de arruinar la reputación de personas inocentes. La ineficacia de lo público para hacer su tarea en forma equilibrada puede desestimular la inversión más que los elevados impuestos.

Es motivo de especial análisis la fragilidad de lo público en los ámbitos rurales. Cabe como ejemplo la inadecuada gestión de los derechos de propiedad. Más de la mitad de los predios rurales tiene títulos precarios o no tiene títulos. En los Llanos Orientales y, en general, en áreas donde abundan predios que fueron baldíos, la incertidumbre jurídica inhibe la inversión productiva. También preocupan la falta de catastro apropiado y la existencia de normas paternalistas cuyas buenas intenciones riñen con la posibilidad de hacer desarrollos agroindustriales serios. Analizar la debilidad del Estado sería el punto de partida para entender por qué la guerra de la coca se ha manifestado de manera dolorosa y contundente en la periferia colombiana, y por qué la erradicación de cultivos ilícitos no es el paso trascendental que algunas personas imaginan. El punto de inflexión en el conflicto, que lleva ya cuatro décadas, tendrá lugar cuando el Estado comience a cumplir en seguridad, justicia, salud y educación de manera sostenible en todo el territorio. Hacer la tarea bien costaría mucho dinero, pero también traería beneficios enormes. Por supuesto, es errado afirmar, como hicieron los promotores del voto afirmativo en el plebiscito, que la paz reduciría el gasto público. Más bien cabe decir que la transformación necesaria de lo público para lograr el control territorial tendrá consecuencias de verdad trascendentales para este país.

Como Colombia es urbana, no basta hacer la tarea en las zonas periféricas. Hay que llevarla a cabo en todo el país. Quizá es igual la urgencia en las ciudades, donde la deficiente educación y las limitadas oportunidades impulsan a muchas personas jóvenes a cortar su proceso formativo de manera prematura, sin tener alternativas ni valores debidamente arraigados. Suelen instalarse en las esquinas de su barrio a ver pasar el tiempo y asaltar sin ambages a quienes parezcan portar recursos económicos y no desplieguen esquema de seguridad apropiado. El reto del Estado es inmenso.