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El Estado debe ejercer el monopolio de la fuerza, definir reglas de convivencia y juzgar conductas. En Occidente y Latinoamérica se defiende la democracia liberal, fundada en el respeto y la solidaridad, con respeto por derechos universales: la vida y la integridad física, la libre expresión y escogencia entre opciones, y la igualdad ante la ley.
En el último medio siglo se extirpó el analfabetismo, y en las últimas tres décadas hubo revolución en las comunicaciones. La población, más educada, pero también más sesgada, prefiere atender propósitos individuales: no se aprovechan oportunidades para lo que atañe a todos, y se cuestionan los principios de la democracia liberal aún en Occidente.
El Estado tiene a cargo la seguridad, la legislación, la justicia, la prestación de servicios en salud y educación con base en la solidaridad, y la provisión de infraestructura para aumentar el bienestar y reducir las brechas sociales. El ámbito de acción ha aumentado porque el ingreso ha aumentado de manera sostenida desde la revolución industrial, hace un cuarto de milenio, aunque de manera desigual; de otra parte, caben diferentes apreciaciones sobre alcance de lo público e institucionalidad acertada.
La población trabajadora formal debe aportar para financiar los servicios de salud en proporción a sus ingresos, y el estado asumir el resto de la cobertura universal. De igual forma, se deben segregar recursos para la cuarta edad.
La educación universal es cimiento de remuneración laboral segura y libertad vocacional. Es necesario orientar a los padres o acudientes de menores durante la educación básica, y proveer educación continua universal, necesaria para preservar la capacidad de generar ingresos laborales en época de creciente automatización.
El derecho civil y comercial puede tercerizar administración de justicia; en contraste, obstáculos éticos impiden hacerlo en derecho público: si bien cada persona puede contratar servicios jurídicos en lo penal, la dirección del proceso y el pronunciamiento son públicos.
Algunos elementos de infraestructura se pueden financiar con cargo a los usuarios; en esos casos el esfuerzo público puede limitarse a los recursos para la inversión.
El alcance de la tarea pública depende del tamaño de la economía y el papel asignado al Estado en el ordenamiento. Ese papel evoluciona con el ingreso, las transformaciones de la sociedad, la dinámica de la tecnología y el sesgo ideológico hacia la participación del capital privado en los procesos, no sujeta a reglas fijas.
El estado se financia mediante impuestos, directos en función creciente del ingreso, e indirectos, en función del consumo, regalías, rendimientos patrimoniales y deuda. El nivel de deuda sostenible depende del ingreso futuro, más o menos pronosticable, y de los usos, algunos de los cuales son inexorables, pero no se abordan con oportunidad y efectividad. Las reglas fiscales simples logran mejor asignación de recursos escasos que las reglas construidas con propósitos específicos. Además, facilitan la integración internacional, con incidencia positiva en el flujo de bienes y trabajo.
El crecimiento económico sostenido permite apoyar a estamentos vulnerables de la sociedad, atender asuntos de alcance global, como el ambiental, y proteger patrimonios culturales.
Para mejorar perspectivas es preciso trascender ideologías y pensar en grande. Alea iacta est.
