Energía dispersa, Estado concentrado

La transición energética en Colombia está entrando en una nueva etapa. Durante los últimos años, buena parte de la discusión pública se concentró en la necesidad de diversificar la matriz eléctrica, movilizar inversión hacia proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía y reducir la dependencia de fuentes convencionales. Ese debate, aunque no está agotado, ya no es suficiente.

Según el tablero Plan 6GW+ de la UPME, Colombia registra 4,11 GW de capacidad solar y eólica, equivalentes al 17,47% de la capacidad instalada de generación eléctrica reportada por esa entidad. Con ese nivel de participación y con proyecciones de crecimiento, el debate ya no se reduce a incorporar nuevas fuentes o tecnologías al sistema eléctrico, sino que exige asegurar una gobernanza institucional capaz de gestionar su integración y garantizar un suministro confiable, competitivo y sostenible.

El reto no es menor. Las nuevas fuentes no se comportan como las tradicionales. La generación solar combina proyectos de gran escala con esquemas de autogeneración, generación distribuida, comunidades energéticas y soluciones individuales o colectivas en zonas no interconectadas. De hecho, el país registra más de 24.000 techos solares y sistemas de autogeneración y generación distribuida. La energía eólica, por su parte, depende de corredores de viento, restricciones ambientales, consulta previa cuando corresponda, gestión predial, conexión a red y aceptación social. La eólica costa afuera incorpora, además de lo anterior, el uso del espacio marítimo, la seguridad náutica, la infraestructura portuaria y la coordinación con autoridades que históricamente no estaban en el centro de la institucionalidad energética.

En otras palabras, la transición energética no solo cambia las fuentes y tecnologías de generación, sino que cambia la geografía del sistema, los actores que participan, los riesgos que deben administrarse y las capacidades que requiere el Estado.

Desde el punto de vista institucional, esta realidad plantea una paradoja, pues mientras Colombia avanza hacia un sistema de generación con mayor dispersión geográfica, variabilidad operativa y diversidad de escalas, conserva una institucionalidad concentrada, sectorial y pensada para un sistema energético menos distribuido y dinámico.

El desafío consiste en lograr que las entidades que conforman la institucionalidad energética en Colombia operen mediante procesos más oportunos, integrados y coordinados frente a una nueva realidad de generación a partir de proyectos que se desarrollan en distintos territorios, de manera simultánea, bajo escalas y tecnologías diversas, y que combinan múltiples dimensiones: energía, territorio, ambiente, comunidades, infraestructura y capital.

La siguiente etapa de la transición energética exigirá entonces un reto menos vistoso que la inauguración de proyectos pero más decisivo: modernizar la gobernanza energética para habilitar, ordenar y coordinar la integración de nuevas fuentes de generación.

Esa modernización no debe traducirse en mayor intervencionismo ni en sobrerregulación, sino en garantizar que la arquitectura institucional permita decisiones más coordinadas, oportunas y técnicamente informadas. Esto implica fortalecer capacidades especializadas para fuentes no convencionales; integrar la planeación energética con el ordenamiento territorial, el licenciamiento ambiental y la consulta previa; convertir la información en infraestructura pública; pasar de mesas de coordinación ocasionales a mecanismos permanentes de decisión interinstitucional; eliminar duplicidades y cargas innecesarias; y definir con claridad el papel de la ANH en esta nueva etapa.

La transición energética no se medirá solo por megavatios anunciados ni por la cantidad de normas expedidas. Se medirá por la capacidad del Estado para convertir potencial en energía efectiva, confiable y utilizable.