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El control del territorio fue el propósito inicial de las instituciones públicas. Desde hace 10.000 años, cuando comenzó la agricultura, se diversificaron las tareas, y los guerreros se dedicaron a proteger la población y los inventarios, y a ampliar los ámbitos por la fuerza. Así coexistieron imperios y estados locales en distintas circunstancias a lo largo de los siglos.
El monopolio de la fuerza en el territorio permitió codificar normas, aplicarlas y dialogar sobre las formas de vida más convenientes. La superioridad bélica permitió a Occidente subordinar de distintos modos al resto del mundo entre el siglo XVI y mediados del siglo XX, con resultados discutibles.
En Colombia la tarea de controlar el territorio es difícil: el país tiene muchas montañas y selvas. El espacio era propicio para la violencia rural que caracterizó la vida nacional desde la independencia. La ubicación del país en la esquina noroccidental de Suramérica y la fragilidad del Estado fueron propicias para el fortalecimiento de grupos armados ilegales con la explosión del consumo de cocaína en los países desarrollados hace medio siglo. El narcotráfico socavó la ética de la sociedad, a la vez que entronizó la violencia.
Acabar con la violencia rural admite diversas estrategias, que los aspirantes al solio de Bolívar deberán ponderar: la negociación con los grupos armados, la guerra parcial, como la aplicada bajo el gobierno de A. Uribe, o la guerra total, con foco de la energía nacional en el empeño. Cada una tiene sus ventajas y riesgos.
De otra parte, la debilidad del Estado también es manifiesta en los ámbitos urbanos. Hay zonas de las ciudades donde no puede entrar la policía. Esta inaceptable situación está vinculada a varios factores. Se destacan el inadecuado desempeño de la economía, cuya consecuencia es la escasez de oportunidades, la mala calidad de la educación básica y media, la impreparación del país para las transformaciones demográficas ocurridas desde la posguerra y la incapacidad de la institucionalidad para atender tareas a cargo del Estado.
Se puede abordar con estrategias para mejorar los procesos públicos, el ordenamiento de la autoridad en el ejercicio del poder de policía, la descentralización del gobierno central y reformas radicales del sistema educativo del país.
Lo cierto es que la tasa de homicidios llegó a más de 100 por 100.000 habitantes a finales de los años 80 del siglo pasado, y ha declinado desde entonces, pero está más o menos estable en los últimos años alrededor de 25, similar a la de México, y 40% más alta que el promedio de Latinoamérica. En contraste, el país desarrollado con tasa más alta, EE.UU., tiene 5 por 100.000, y en Europa Occidental la tasa es inferior a 1 por 100.000.
La tarea rural no se puede limitar al éxito bélico: debe acompañarse de servicios de justicia, educación y salud, y política agropecuaria e industrial, con inversión en infraestructura y atención a la tasa de cambio, con restricciones fiscales. El cumplimiento del deber solo se podrá lograr con mejor gestión pública, para que los recursos escasos tengan el uso que la realidad exige, y crecimiento sostenido de la economía a tasas importantes para tener más recaudos, ojalá con un sistema tributario mejor.
Así las cosas, el control del territorio es capítulo que exigirá pronunciamientos precisos de los aspirantes.