Camino para la paz

Colombia ha tenido muchas guerras desde la independencia. En el siglo 19 hubo numerosos enfrentamientos entre propuestas federalistas y centralistas, y entre liberalismo radical y conservatismo católico. Tras la guerra de los mil días (1899-1902) hubo tensa convivencia durante cuatro décadas, sin conciliar diferencias entre grupos de élites que orientaban a sus bases, hasta que estalló el conflicto una vez más en gran escala con motivo del homicidio del líder liberal Jorge E. Gaitán (1948). El asunto se dirimió mediante el acuerdo para compartir las responsabilidades del gobierno entre los dos partidos tradicionales entre 1958 y 1974. Al terminar el plazo el país se había urbanizado y el analfabetismo se había reducido, pero era evidente la penetración del narcotráfico en la sociedad y las instituciones.

La pugna entre Estado y carteles se hizo abierta con la toma del Palacio de Justicia por el M-19 auspiciada por Pablo Escobar (1985), y el homicidio de L. C. Galán (1989). Los grandes carteles criollos declinaron y más tarde colapsaron, pero las frágiles instituciones se desordenaron más como producto de la Asamblea Constituyente (1991), de propósitos laudables, fundados en el respeto y la solidaridad, estaban en contradicción abierta con los procesos para establecer reglas y juzgar conductas establecidos en la nueva Carta. Así las cosas, el negocio de la coca alimentó la guerra por el control de la periferia. Llegó a haber cerca de 500 municipios en poder de fuerzas ilícitas.

El país se ha transformado en el último medio siglo: hoy es urbano y letrado, aunque con deficiente educación. Sin embargo, no ha crecido como debería, lo cual ha repercutido en alta informalidad y, en general, bajo valor relativo del trabajo. La incapacidad del Estado para ejercer el monopolio de la fuerza alimentó la guerra de la coca hasta nuestros días. El gobierno de A. Uribe impulsó la solución militar y redujo el número de municipios controlados por los enemigos del orden a alrededor de 250. Ello permitió al gobierno de J.M. Santos lograr acuerdos con las Farc, el grupo más organizado entre las huestes enemigas. El Estado, por razones inexplicables, no ocupó el territorio desalojado por las Farc, lo cual facilitó el control de los grupos vinculados a la coca en cerca de 100 municipios comprometidos en la producción y la exportación costera.

Las circunstancias hoy son complejas: todo indica que la demanda por cocaína está en declive en EE.UU., con reducción de precios y menor interés en el negocio de los carteles de distribución, dedicados a los sustitutos, lo que promueve el consumo doméstico, mientras el área cultivada alcanza los máximos niveles en la historia, y no hay política agraria efectiva; por el contrario, parece haber interés en pequeños cultivos con tecnología tradicional, sin cadenas de valor con ventajas en la economía internacional.

Urge hacer efectiva la ocupación del territorio, con seguridad, justicia, educación y salud, y al tiempo impulsar el crecimiento de la economía con apoyo en mayores productividades para mejorar las circunstancias de toda la población, y en particular la rural, en seria inferioridad en ingresos y servicios. Construir Estado eficaz es la tarea. Requiere imaginación y método. En la práctica es más fácil para Colombia acometer la epopeya transformadora que convivir con el absurdo sistema político imperante.