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Cada cosa donde debe ser

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El proceso de desarrollo social y económico debe surgir de las regiones, donde cabe establecer estrategias adecuadas según las respectivas ventajas comparativas. Corresponde al gobierno central asignar recursos mediante procedimientos racionales para apoyar educación pertinente, infraestructura e investigación en ciencias básicas y aplicadas. El horizonte de la planificación debe ser por lo menos de 20 años, y el ejercicio se debe actualizar cada año.

No tiene sentido tomar seis meses para establecer un plan de desarrollo rígido y a cuatro años: el mundo cambia, y las guías deben responder a la realidad.

Por ende, tampoco tienen sentido la desarticulación entre los períodos de los gobiernos departamentales y municipales ni el ámbito mínimo de la instancia regional, erosionada por la fragmentación de los departamentos en el último siglo y el sesgo municipalista con rasgos anarquizantes convenido en la Asamblea Constituyente de 1991.

Para lograr eficiencia en el uso de recursos públicos se requieren sistemas de información y control adecuados como parte integral de la administración. El esquema para asegurar que las operaciones se ajusten a las normas y las instrucciones de los responsables debe ser descentralizado, y además debe enriquecerse con los aportes de quienes ejercen el control. Por ende, el sofisma de una Contraloría independiente debe abandonarse. Se debe dejar la Auditoría General para verificar de manera selectiva la calidad de la información y la atención a los objetivos de control. Debe, además, establecerse vínculo funcional entre quienes ejercen control en el gobierno central y quienes lo hacen en las entidades territoriales, para asegurar definiciones y método congruentes.

Es necesario que haya partidos políticos verdaderos, con capacidad para canalizar la financiación de los procesos electorales, y consistencia programática. Sin embargo, ello no significa que personas de partidos antagónicos no puedan trabajar de manera concertada en las tareas de control de las instancias nacional y territorial. Al fin y al cabo, el propósito último de la democracia es respetar la voluntad del pueblo, y ello solo cabe si se puede convivir con diferencias. De igual forma es indispensable la independencia judicial, para lo cual son condiciones necesarias la vocación vitalicia, que evite conflictos de interés, y el acceso a tecnologías que permitan desenlaces rápidos y seguros. La rama jurisdiccional debe comunicarse mediante providencias, sin anuncios sesgados con propósitos comunicativos.

La batalla contra la corrupción apenas comienza. Requiere el compromiso de la ciudadanía activa en vecindarios, municipalidades, regiones y, como es obvio, en lo nacional. El diseño de los procesos públicos es el cimiento, y debe consultar objetivos y restricciones definidos de manera racional. Se requieren definiciones básicas: un solo código penal, o varios; régimen presidencial o parlamentario; un responsable final o cúpula colegiada. La tarea es simple: consiste en partir de la Constitución existente, estudiar sus procesos básicos, sacar de allí lo que no corresponda, y afinar lo que quede. Hay en ella elementos invaluables, como la orientación al Estado Social de Derecho y los mecanismos para proteger el ejercicio de los derechos fundamentales.

Enderezar lo demás es más fácil que convivir con los parches que lo conforman.

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