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Analistas 13/11/2021

Bienestar del consumidor

Gustavo Moreno Montalvo
Consultor independiente

El bienestar del consumidor es motivo de interés en políticas públicas desde hace más de un siglo. En EE.UU. ha tenido el amparo de la Ley Sherman contra prácticas monopólicas desde 1890. La División Antimonopolios se estableció en el Departamento de Justicia de ese país en 1914 para impulsar la competencia en la economía con el impulso al cumplimiento efectivo de normas y la emisión de pautas para prevenir conductas inapropiadas.

Desde los años 30 su cabeza es un Secretario Asistente, subordinado directo del Secretario, miembro del gabinete. El asunto ha tenido papel importante en la vida económica; se recordará la partición de Standard Oil en siete empresas independientes en 1911 por sentencia de la Corte Suprema, y en 1982 se convino partir AT&T para evitar el complejo y costoso proceso judicial que impulsaba la División Antimonopolios desde 1974. La Unión Europea asigna a la Comisión la autoridad en estas materias, y los países miembros tienen su propia institucionalidad.

La limitación a prácticas comerciales restrictivas en Colombia se estableció con la Ley 155 de 1959. La tarea de iniciar los procesos judiciales pertinentes se asignó a la SIC, quien tiene hoy papel especial con connotación judicial en primera instancia; la posibilidad de los investigados para aportar pruebas se agota bajo su autoridad.

Hace un lustro el Superintendente P. F. Robledo inició múltiples procesos cuyo desenlace final tomará algún tiempo, pero cuyo trámite puede ser descalificado por la justicia: la información pública apunta a posible violación del derecho al debido proceso a sociedades y personas naturales.

Cabe anotar que la institución tiene sesgo formalista, propio de los abogados criollos, en contraste con la División Antimonopolio en EE.UU., donde es decisivo el aspecto técnico; economistas con altas calificaciones en organización industrial, rama de la profesión que estudia la estructura de los mercados, evalúan el impacto probable para el consumidor de las conductas bajo escrutinio.

Es importante revisar los procesos establecidos para la labor de la Superintendencia, de modo que sea más técnica y efectiva. Más allá, es urgente mirar el bienestar del consumidor desde perspectiva amplia: el bajo ingreso per cápita y su desigual distribución son límite práctico, que exige estrategias orientadas a crecimiento rápido, de manera que la participación de la clase media, con capacidad de consumo más allá de lo básico, pase de 30% de la población a siquiera 60%, con tasa de aumento de la remuneración al trabajo mayor que la correspondiente a la remuneración al capital como consecuencia de crecimiento importante en la demanda de servicios personales.

Lograr esta dinámica exige mentalidad abierta al mundo, menos protecciones, integración política y económica con países afines, límite razonable a los beneficios de la propiedad industrial, y mejor educación pública, indispensable para escoger entre alternativas de consumo y para construir una sociedad con oportunidades para todos.

Además el país debe prepararse para tareas ulteriores: la humanidad enfrenta nuevos interrogantes porque ciencia y tecnología tienden a promover espacios monopólicos y oligopólicos sin precedentes, cuya reglamentación para evitar riesgos catastróficos por posibles abusos exige mejores instituciones públicas en todo el mundo. El asunto no es menor.