Arreglar la salud

El servicio de salud con cobertura universal en Colombia se desprende de la Ley 100 de 1993. El sistema establece la participación de entidades dedicadas a la promoción de la salud y la prevención de riesgos (EPS), con responsabilidad por la atención básica mediante diversos esquemas, según las circunstancias y las estrategias de cada entidad, e instituciones prestadoras de servicios (IPS), que venden servicios a las EPS y a particulares. La prestación eficaz del servicio, con respaldo tecnológico adecuado en todo el territorio, solo sería sostenible con un número limitado de EPS, no más de una docena. Sin embargo, la regulación y la vigilancia de la actividad no se ordenaron de forma adecuada, lo cual facilitó la aparición de cerca de 70 EPS.

Hoy, tras un proceso de racionalización, hay menos de 30. Existen entidades del régimen contributivo, en cuya financiación participan aportes de los trabajadores formales, y del régimen subsidiado, que cobija al resto de la población. La población informal suma 55% de la población activa en la economía y el desempleo formal es cercano a 10%: el sistema depende de las finanzas públicas. Solo cuatro entidades prestan servicios en ambos regímenes, aunque la Corte Constitucional sentenció que no cabe discriminación en los servicios, por tratarse de un derecho básico.

El sistema tiene carencias: no existen herramientas tecnológicas únicas para que en todas las EPS e IPS haya acceso a la historia clínica completa del paciente, con las restricciones éticas pertinentes; este defecto dificulta acertar en los diagnósticos y tratamientos. Tampoco se ha impulsado la telemedicina, que facilita la atención inmediata de asuntos menores. El sistema se ha sostenido con una remuneración laboral muy modesta en comparación con el ámbito internacional y con jornadas agotadoras, en un mercado laboral muy imperfecto: cada país exige credenciales formales para la práctica profesional de médicos y enfermeras, lo cual impone, en la práctica, límites a la movilidad de los profesionales. El modesto crecimiento de la economía y la alta informalidad ponen un límite bajo a la remuneración.

De otra parte, el pago a las EPS por número de afiliados no ha crecido a la par de los costos derivados del envejecimiento de la población y del uso de herramientas tecnológicas de creciente eficacia. La labor educativa para impulsar prácticas preventivas en la vida cotidiana es muy modesta.

Los precios de los medicamentos se han regulado con acierto en la última década, la calidad de los profesionales ha mejorado y la tecnología ha evolucionado, pero el sistema arrastra problemas de tiempo atrás, agravados por el gobierno actual. Además, la prestación de servicios en regiones apartadas, con remuneración por número de personas cobijadas, no funciona; requiere un sistema diferente.

La Superintendencia de Salud produce decisiones erradas, como la toma directa de la administración al intervenir EPS, en vez de establecer fideicomisos con consejo directivo autónomo para evitar los conflictos de interés inherentes a la gestión y la vigilancia simultáneas.

El gobierno actual decretó la muerte del sistema. Intervino varias EPS, en particular la Nueva EPS, la de mayor número de afiliados, y destruyó su administración: no se volvieron a producir estados financieros. De otra parte, agravó las precarias finanzas del sector, con deterioro del servicio.

Urge arreglar el sistema con creatividad y rigor. Las muertes por culpa del gobierno son inaceptables.