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Réplica cafetera

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Con ocasión de mi columna de la semana pasada protestando por el mico introducido en la reforma tributaria por el representante Hernán Penagos y el senador Carlos Felipe Mejía, he recibido muchas críticas de los beneficiados. Unos, porque sostienen que el negocio no da para cumplir el código laboral; otros, que sostienen la imposibilidad de cumplirlo por la rotación de los trabajadores; otros, consideran que con dar trabajo hacen un gran aporte, y algunos que me tildan de traidor por mi condición de agricultor y por la vinculación que tuve con el gremio cafetero. Debo decirle que estoy de acuerdo en buscar una solución, pero ésta no puede pasar por violar el código laboral, legitimar la evasión de impuestos e inclusive la venta del grano a través de terceros, que tampoco es legal.

Para darle gusto al gremio cafetero, el representante Penagos inexplicablemente promovió esta norma, pensando tal vez en asegurar un futuro apoyo electoral. Presentó la proposición y la hizo firmar de la mayoría de la Cámara, aprobando una deducción automática hasta de 40% de las ventas de café, de derecho, sin obligación de pagar los parafiscales. Su rival político, el senador Mejía, para no quedarse atrás, la presentó en el Senado, pero cometió el grave error de hacerla prácticamente nugatoria al agregarle -de su puño y letra-, que en todo caso es obligación cumplir las normas laborales para obtener ese beneficio, inclusión que acogió la comisión de conciliación para convertirlo en ley y, tranquilizar al Gobierno.

En este orden de acontecimientos, considero que hay que buscar soluciones serias, que beneficien al trabajador con la formalización laboral en el campo -en primer lugar- y que para los empresarios agropecuarios se convierta en estímulo, proceder al pago de todo lo legal, y así frenar la migración a las ciudades.

Mi propuesta concreta es sencilla, que se otorgue a todos los empresarios agropecuarios la posibilidad de deducir de los gastos laborales 150%, siempre y cuando se hagan todos los aportes parafiscales y se formalice el empleo. Con esta fórmula, le aportarían al campo bienestar, estabilidad y seguridad. Hoy de todas maneras el sector agropecuario tan solo paga 1,9% del recaudo por renta, cuando aporta 11% del PIB.

Esta solución se puede convertir en ley ahora mismo -incluyéndola en una de las que se aprueben para implementar el acuerdo de paz-, nada más cercano a la búsqueda de la paz que generar el incentivo para que los patrones del campo formalicen a todos los trabajadores rurales, y así estos puedan acceder a salud y pensión. Desde luego implica ordenar en la misma ley, que los fondos de pensiones implementen los aportes por semanas como ya lo hizo el sistema de salud.

El país debe hacer el esfuerzo de soportar esta aparente inequidad frente a los productores urbanos, pero es más efectiva que cualquier subsidio al productor, y cumple a cabalidad con el propósito del Congreso, que mantiene un complejo de culpa con los habitantes del campo, por lo que aprueban sin leer lo que les proponen, e inclusive sin estar allí sus electores.

Con esta fórmula se rompe la inequidad de los cafeteros frente a los demás productores agrícolas y ganaderos, obteniendo todos los mismos resultados: pagar menos impuestos, pero aportándole una solución al país y a la paz. Estoy seguro que los empresarios de otros sectores económicos  no se oponen, porque todos están convencidos que la paz de Colombia depende del bienestar rural.

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