Partido amistoso

En la última columna titulada “Congreso 2 - Fedecafé 0” expresaba mi preocupación sobre la forma en la que el Congreso, con dos leyes, estaba trasladando funciones históricas de la Federación a las entidades de Gobierno.

Pero para mi sorpresa, cuando estimaba que había sido sin que en el gremio se percatara -porque me resistía a creer que hubiera sido con su complicidad- escuché las declaraciones de un miembro del Comité Directivo en las que manifiesta que Fedecafé apoyó el proceso legislativo y le hizo seguimiento a los proyectos por considerarlos benéficos para los caficultores.

Lo ratifiqué cuando el representante a la Cámara Óscar Darío Pérez, faro económico del Congreso, me manifestó que en ningún momento el Centro Democrático estaba desmantelando a la Federación de Cafeteros, que por el contrario, los proyectos ayudaban a los cultivadores. Mi perplejidad aumentó cuando dialogué con las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín, autoras de los dos proyectos, quienes me ratificaron que el trabajo fue de la mano del gremio.

Mi desconcierto aumenta ahora, cuando vuelvo y leo el articulado; me resisto a creer que la Federación hubiese estado de acuerdo a que, por disposición de ley “se le metieran al rancho” entregándole al Estado funciones que históricamente le han correspondido y ha ejercido de manera autónoma -y algunas definidas como política pública cafetera en el seno del Comité Nacional de Cafeteros- con el voto expreso y favorable del Gobierno Nacional.

Recuerdo que con estas dos leyes la promoción, estímulo y asesoría técnica de cafés especiales pasan a ser responsabilidad del Gobierno, lo mismo que la creación de negocios para el consumo interno, inclusive, la facultad para otorgar sellos; además, el Gobierno creará en seis meses el registro único de productores de café especial, que lo son todos y constituye reserva sagrada del gremio. Los ministerios estarán a cargo de la promoción del consumo interno, definirán quien puede ser pequeño productor, de la misma manera que será responsabilidad del Estado la organización de las ferias de café especial. Estos son solo algunas de las responsabilidades que se trasladan al gobierno de turno.

Supongo que el congreso cafetero con sus 90 delegados y el Comité Directivo han aprobado, como posición del gremio, una decisión tan trascendental, que desvirtúa en buena medida la parafiscalidad, como razón de ser de la institución, inspirada en el principio de la acción colectiva y autonomía para los productores, diseñar y ejecutar los propósitos de su actividad, así como la política pública sobre el sector a la que el estado ha renunciado para definirla y aprobarla en el órgano de concertación por excelencia, el Comité Nacional de Cafeteros.

No alcanzo a descifrar cuál fue el propósito de ir soltando responsabilidades públicas, abriendo de esta manera la compuerta para que sectores contestatarios tradicionales cuestionen en el mismo Congreso de la República la contribución cafetera, que existe por otra ley y permite recaudar recursos con los que se sostiene la Federación, y podrán alegar que ya no serían necesarios.

Lo que se han hecho ver como intrascendente será fundamental para la negociación del contrato de administración del Fondo Nacional del Café, que ya se debe estar iniciando.