Considero oportuno y necesario generar una alerta a todos los propietarios de predios rurales ya que, mediante documento Conpes 3996 del 1 de julio de 2020, acaban de ser señalados como los contribuyentes de los dineros necesarios para desarrollar la infraestructura vial del país, el objetivo fundamental de esta política.

Según lo aprobado, las autoridades pueden proceder a derramar gravamen de valorización de los grandes proyectos de infraestructura vial de la Nación a quienes se encuentren sobre las vías o cerca de ellas. Se debe tener en cuenta el método de doble avalúo que quiere decir -lo que valía antes y lo que vale después de la obra-, el método de rentabilidad, cálculo de frente y método de áreas, se sobreentiende a los que estén frente a la vía o cerca de esta; método de franjas, sobre que quedaría incorporado, se aplica el método de factores de beneficio, el de factores únicos de comparación, y el de avalúo.
Enumero esta extensa lista de conceptos técnicos para demostrar que, por cualquier sistema aplicado, el propietario de un predio será sujeto pasivo de la contribución nacional de valorización.

Lo inexplicable es que el sector rural termine pagando las vías que los grandes centros urbanos de Colombia necesitan para transportar las mercancías hacia los puertos, o desde los puertos, para aumentar la competitividad y percibir un menor precio por los productos.

Constituye un verdadero atropello a los productores del campo. Si es una obra de beneficio general para eso está el Presupuesto Nacional.

Nadie ha dudado de la imperiosa necesidad, máxime que perdimos ocho años, cuando solo se dedicó el esfuerzo al plan 2500. Pero, después del gran impulso de las vías 4G que sin duda están transformado a Colombia, la competitividad nacional y el desplazamiento de los colombianos en forma cómoda y segura, por excelentes vías que nada se parecen al país de antes. Con entusiasmo el presidente Duque ha anunciado su decisión de “Concluir, concluir; las obras las terminamos porque es nuestro deber con Colombia”.
Nadie niega la importancia de pagar los peajes -y se pagan con gusto al poder disfrutar las excelentes vías-, desde luego eso es lo justo; que el que las usa las paga. Pero lo inadmisible es que ahora se resuelva que los propietarios rurales, por ejemplo, en el Magdalena medio, tengan que pagar una contribución para ver pasar por su finca los camiones que llevan productos de exportación a los puertos del Atlántico, y de regreso las materias primas para Bogotá. Mientras tanto, su predio no produce más, ni sus ingresos aumentan. Desde luego el propietario y sus empleados transitan con mayor comodidad, pero también pagan el peaje que antes no le exigían para llegar a su finca.

Desde luego hay que aceptar que en el momento de la venta del inmueble el propietario sí puede pagar un gravamen por la valorización obtenida, que solo percibe al momento de la venta, pero jamás con sus rentas ordinarias, que ahora deben ayudar a financiar inversiones en infraestructura para la Nación, por más de $400 billones.

Repito, los productores rurales nunca habíamos estado frente a una arbitrariedad de estas proporciones, ni frente a una contradicción mayor frente al discurso de nuestros líderes.