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¿Y ahora qué?

El pasado martes, la Registraduría Nacional avaló 473.700 firmas recogidas por el comité “Unidos Revocamos el mandato del Alcalde Mayor de Bogotá”, que busca revocar a Enrique Peñalosa. Si bien es cierto que la revocatoria es un mecanismo establecido en la Constitución Política de Colombia, y que puede ser usado de forma legítima por los ciudadanos, en este caso el propósito es curar la resaca de la izquierda por su pérdida de poder gracias a los pésimos gobiernos de esta línea que antecedieron al presente: se quiere aliviar el guayabo de los Progresistas, encabezados por el errático Gustavo Petro y el “Romeo” de la política, Hollman Morris. 

 Como abogado, entiendo el mecanismo, conozco los alcances, pero no comprendo los fines que busca el actual comité. Dentro de sus 30 razones para solicitar la revocatoria del mandato se encuentran puntos tan generales, que deberían ser sujeto de pruebas reales para proceder, como: “(…) ha adoptado medidas que lesionan los derechos económicos y sociales adquiridos y las perspectivas de un desarrollo de ciudad democrático, socialmente justo, incluyente y ambientalmente sustentable”. 

 Si bien esto puede o no ser cierto -sé que no lo es-, las presuntas razones no son más que producto de una redacción ambigua que procura exponer el “incumplimiento” de un programa de gobierno diseñado para ejecutarse en cuatro años, cuando tan solo van dos de la administración de Peñalosa. Incautas y temerarias resultan las afirmaciones en contra del Alcalde, pues lo que hay detrás es la búsqueda por retomar el poder y seguir acabando con Bogotá, todo para mantener una maquinaria de subsidios, nóminas paralelas y falta de ejecución de verdaderas políticas públicas en beneficio de la ciudad, todo de cara a las elecciones presidenciales de 2018. 

 Los procesos de revocatoria, como el promovido por “Unidos Revocamos el mandato del Alcalde Mayor de Bogotá”, están mandados a recoger pues se han convertido en plataforma electoral y el cumplimiento de los trámites es solo un intento de acabar con un mandato que en dos años ha demostrado haber hecho más que su antecesor. Es sencillo afirmar en términos generales que un mandatario está lesionando derechos económicos y llevar a las urnas un proceso que no es más que un derroche de dinero; en todo caso, se deberían exigir no solo afirmaciones y firmas, sino la presentación de soportes técnicos que permitan a la autoridad electoral tener certeza de que no se trata de maniobras caprichosas. De esta manera se evitaría apropiar dineros públicos para que se decida en las urnas lo que técnicamente se podría demostrar que está incumpliendo un determinado mandatario, cuyo objetivo debe ser el logro de los intereses generales de su ciudad. 

 Tales intereses no están representados en este proceso pues quien lo promueve fue el perdedor en las elecciones pasadas que pretende recuperar, de manera poco transparente, lo que no fue capaz de refrendar en las urnas. Si fuera cierto que el movimiento progresista hizo avances radicales en Bogotá, bajo ninguna circunstancia hubiéramos votado en mayoría para que ese proyecto político no continuara; tan improvisado es este proceso que ni siquiera ha mostrado una propuesta sobre quién, en caso de ser revocado, reemplazaría al alcalde Peñalosa; queda claro que su objetivo principal no es beneficiar a la ciudad. En caso de que prospere la revocatoria, solo quedará preguntarnos: «¿Y ahora qué?» 

Claramente, los Progresistas no tendrán la respuesta.