¿Pagos justos?

Llegó 2019 y, con el nuevo año, un tema que empezó a mover los medios de comunicación de negocios y economía del país: en Chile -sí, una economía más desarrollada que la nuestra- se aprobó la ley conocida como de “pago a treinta días”, que logró que las grandes empresas no solo estén obligadas a hacer pagos a las pymes hasta un plazo máximo, sino que, si no se cumplen estos términos, podrán resultar castigadas por malas prácticas comerciales.

Suena exótico en un país en donde las grandes empresas, en un buen número, tienen otro tipo de políticas y ven estas iniciativas como contrarias a una economía de libre mercado. Puede que el Estado no deba regular en exceso pero, en un estado social de derecho, sin duda es el Gobierno quien debe intervenir ante una situación que puede estar conteniendo el crecimiento de nuestras pequeñas y medianas empresas y, con esto, desde luego, el crecimiento en número de empleos, consumo, ingresos tributarios, etc.; en fin, todos los beneficios que trae este tipo de medidas.

Hoy se tramita un proyecto de ley denominado de “pagos justos”, el cual sin duda en principio generó revuelo, pero hoy se encuentra estancado hasta que se inicie la legislatura y sea, si así lo deciden los congresistas, tramitado y discutido en el Congreso. Ahora, con el anuncio de la sanción de la ley mencionada por el presidente Piñera, su homólogo, el presidente Duque, ha afirmado que buscarán presentar un proyecto en el mismo sentido que el que ya se tramita en el Legislativo. Soy de la línea de que es mejor unir esfuerzos que tirar dos cuerdas en extremos diferentes, pero en Colombia es más importante figurar que unirse para buscar el bienestar común.

Volviendo a lo técnico, aun si en el Congreso colombiano se lograra superar la fuerza del lobby, del desconocimiento de algunas UTL en asuntos económicos y de la oposición que harán quienes tienen otro tipos de intereses, y se aprobara un proyecto de esta importancia para el país, pues no sobra recordar que el tejido empresarial colombiano está compuesto en cerca de 96 % por pymes y deben fortalecerse otros mecanismos como el factoring, que generen mayores oportunidades para quienes decidieron emprender en caso de necesidades de flujo de caja.

Es de celebrar que en el país estemos empezando a dar las discusiones sobre la búsqueda de alternativas para el crecimiento empresarial, pero no lo es tanto ver cómo no hay un discurso unificado dentro del Gobierno. Ejemplos sobran en estos primeros meses, pero mantengo la creencia de que permeará la idea de apoyar el emprendimiento de forma que pase de ser una idea a una política pública. No hay mucho tiempo y es necesario avanzar lo más pronto posible para que los resultados sean visibles en el corto plazo.

Hace poco el ministro de Comercio, Industria y Turismo dijo a medios de comunicación que, si bien el Gobierno está trabajando en un proyecto de pago a treinta días como el chileno, se la jugaría más por los incentivos que por los castigos en esa hipotética ley. Para mí es claro que, con este tipo de declaraciones, el ministro de Comercio quiere entregar una ley sin dientes que sea letra muerta. Señor ministro: en un país como el nuestro funciona más el garrote que la zanahoria, por lo que es mejor -si la política del gobierno es impulsar una ley en este sentido- analizar más profundamente las posibilidades, para que no se legisle con populismo y con esto nos alejemos de la realidad social y económica que necesita la economía a fin de salir de nuestro atraso.