Analistas

No pasa en Columbia, pasa en Colombia

Desde hace un tiempo no había tantas noticias que golpearan de forma tan contundente la institucionalidad en el país, demostraran la capacidad de corrupción que tienen los tentáculos del crimen organizado y revelaran que nadie es ajeno a este fenómeno. Primero fue la captura del Director anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, Luis Gustavo Moreno, quien en un acto de “debilidad” aceptó reunirse con su investigado, ahora testigo de la DEA en los Estados Unidos, con el propósito de favorecerlo en las investigaciones a cambio de una suma de dinero.

Lo primero que se debe decir al respecto es que un funcionario no puede acceder a este tipo de insinuaciones o proponer alguna clase de colusión entre investigador e investigado para desviar el curso de ningún proceso, menos cuando hablamos del desfalco al sector de la salud. Algunos de quienes están en campaña electoral de cara a la presidencia no se han hecho esperar para generar suspicacias en contra del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien según la información que se ha ventilado hizo todo lo que está a su alcance para encontrar una persona con todas las capacidades e integridad para el cargo. Quien falló no fue el Fiscal General en la elección, sino Luis Gustavo Moreno en la decisión.

Por otro lado el martes, cuando apenas estaban dejando de publicarse titulares sobre el fiscal anticorrupción capturado por corrupción, conocimos la noticia del Secretario de Seguridad de la ciudad de Medellín, Gustavo Villegas, quien fue capturado por tener nexos con bacrim a las que buscaba favorecer, pues según la fiscal Claudia Carrasquilla Villegas entregó información privilegiada a las cabezas de estar organizaciones criminales. Golpe fuerte, no solo para Medellín, sino para el país, pues estos dos exfuncionarios no solo coinciden en su nombre, sino también en ser muestras de la pérdida de control y credibilidad institucional y de la cultura del camino fácil, heredada desde hace décadas.

La parapolítica, la Farcpolítica y estos casos de corrupción son un síntoma claro de que la institucionalidad padece un cáncer que ha hecho metástasis en todos los órganos del Estado; cáncer que a lo largo de nuestra historia se ha tratado con analgésicos cuando lo que se ha necesitado es su extirpación, pues a partir de una problemática que se camufló detrás de las Farc muchos aprovecharon para desfalcar, pedir dineros, etc., reinando la impunidad en la mayoría de las ocasiones. Tan solo con revisar los casos de SaludCoop y Reficar, por ejemplo, hacemos una radiografía de nuestra limitada capacidad de reacción frente a estos hechos: pueden más las fuerzas detrás de los implicados que permiten que los procesos no avancen, que la verdadera justicia.

No es justo que se roben un país de esa manera y escasamente lleguen a ser titulares de prensa.

La reflexión que debemos hacer no debe quedarse en desgarrarnos las vestiduras en las redes sociales. Debemos emprender una fuerte campaña para que la “cultura del vivo” no siga reinando de generación en generación en el país pues, por muy altas que sean las penas, no avanzaremos como sociedad si no entendemos que al ser corruptos y buscar el camino fácil nos estamos robando a nosotros mismos. Así que más que el necesario planteamiento de una política criminal, nos urge que el respeto por lo público se convierta en una política para la educación de las futuras generaciones.