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Analistas 21/10/2021

Nada puede “malir sal”

Guillermo Cáez Gómez
Socio en Cáez Muñoz Mejía Abogados

Una de las grandes polémicas desde su vigencia ha sido la limitación a la contratación pública que existía en Colombia para las etapas preelectorales. Como pasa con todo en la vida, el problema no son las políticas sino quienes las ejecutan. Todos en el país sabemos que, salvo algunas restricciones, “la mermelada” se repartía y se reparte sin mayores restricciones para determinadas modalidades de contratación. Aún así, no dejaron de existir carruseles de contratación, “Odebrecht, Reficares y Zonas Pobladas”, que demuestran que el problema somos los colombianos y no las leyes.

Pero si con restricciones pasó lo que ha sucedido en el país, preocupa cómo el Congreso, el pasado martes y justo previo a la campaña electoral (en la que la derecha la tiene cuesta arriba), apruebe eliminar la prohibición de contratación para las entidades territoriales. La primera de las ideas que se me viene a mente es que no se está jugando limpio ni con el país, ni de cara a las elecciones que se aproximan. Muchos podremos pensar que en algunos casos había que modernizar esta prohibición de contratación, de acuerdo con muchas dinámicas que el país en términos de transformación podría vivir, pero también esos mismos somos conscientes de que estos cambios tienen fines electorales y no para ejecutar eficientemente los presupuestos.

Un muy mal sabor deja que las prohibiciones se eliminen con efecto inmediato desde la sanción de la ley. Movimientos desesperados en momentos en lo que cierto sector político tiene casi perdidas las elecciones a la presidencia y pasará de ser por muchos años mayoría a ser una minoría electoral. El miedo y la zozobra de dejar el poder está haciendo que, de forma descarada, se ponga en excepcional riesgo el patrimonio del país solo para permanecer en el poder.

Seguro nos dirán que esta decisión obedece a que los presupuestos no estaban siendo ejecutados eficientemente (algo que es cierto) y que con la idea de reactivar la economía es que se pretende alargar los periodos de contratación, lo que permitirá que salga adelante el país de la crisis. Lo cierto, al final de cualquier historia que nos quieran contar, es que luego del escándalo de “zonas pobladas” es difícil confiar por lo menos en la capacidad de gerencia de proyectos de algunos ejecutores de presupuesto del Gobierno nacional.

Muy sospechoso lo que se está haciendo al exponer de esa manera el patrimonio del país y reprochable que se quiera desbalancear por la competencia por la presidencia nuestro bolsillo común. Estoy seguro de que ninguno de nosotros, los ciudadanos, hemos dado nuestro consentimiento para que en una democracia representativa se pase por encima de nuestros intereses para que el partido de gobierno se concentre exclusivamente en retener el poder, poder con el que nos han sumido y hecho un país sin muchas oportunidades, donde para abrirse espacio hay que ser una gran excepción o, de lo contrario, el único destino real y cierto es la delincuencia.

Nos acostumbramos a que nos roben y a que haya corrupción completamente descarada, y normalizamos que morir por tener un teléfono de alta gama sea natural en un país en el que el poder sigue sirviendo a unos cuantos y no para generar mejores condiciones a fin de que, en su gran mayoría, los colombianos podamos tener el derecho a vivir dignamente. Pero tranquilos, que a pesar de todo lo que ha rodeado estos últimos años, hoy estamos ante la “certeza” de que con la eliminación de la prohibición en la contratación en época electoral, nada puede “malir sal”.