Analistas

Minería y populismo

Hace un días, en el municipio de Cajamarca (Tolima) se registró un hecho que ha ocupado importantes titulares de prensa en el país y ha abierto el debate de la delgada línea que existe entre la labor minera, la sostenibilidad ambiental en la explotación y el populismo político. El primer hecho que debemos tener presente es que Colombia es un país con vocación minera: sin los recursos que se generan por estas actividades simplemente seríamos inviables, pues nuestra dependencia de este rubro es alto. 

Muchos actores políticos, entre ellos los oportunistas ambientalistas de última hora como el senador Iván Cepeda, han salido a celebrar la decisión de la consulta popular de Cajamarca como una derrota para la minería y a calificar el no acatamiento de una decisión política -que no obliga- frente a una decisión administrativa y estratégica de desarrollo del país de una “burla” al resultado pues, según él, se quiere imponer una catástrofe minera. Tan equivocado, populista y desatinado como siempre. Es cierto que toda actividad de extracción minera causa un impacto ambiental, pero no podemos llegar al extremo de pensar que entonces por este hecho es intocable el territorio nacional y por lo mismo debemos dejar de aprovechar nuestra riqueza en ese sentido para buscar el apalancamiento al desarrollo de un país. 

En este caso, se está queriendo prohibir una explotación minera legal, legalidad que implica el cumplimiento de normas ambientales, la imposición de compensaciones en ese sentido y restricciones para el tratamiento de las fuentes hídricas cercanas que puedan verse comprometidas por dicha actividad, es decir, es el Estado, en su función de intervención, vigilancia y control, el que debe encargarse de que los proyectos tengan el menor impacto ambiental posible, generando cargas impositivas a quienes la desarrollan. 

El problema ambiental de gran impacto surge de la minería ilegal: sí, senador Cepeda, esa misma que las Farc han aprovechado, explotado y de la que se han lucrado para su actividad terrorista con grandes perjuicios ambientales y pérdidas económicas para el país y las regiones donde se presenta. ¿Por qué no se ha manifestado tan activamente en contra de las Farc por los perjuicios ambientales y económicos que han causado en Colombia? ¿Es usted un verdadero ambientalista o simplemente un oportunista? Los hechos hablan por sí solos. 

Es claro que a la minería legal se le puede controlar, sancionar e imponer compensaciones no solo económicas sino ambientales que reparen el daño que, es previsible, cause la extracción minera e imponer el cumplimiento de procesos que mitiguen los perjuicios que puedan ocasionarse, por lo que no podemos pegarnos un tiro en un pie pretendiendo acabar con la minería legal en Colombia mientras la ilegal sigue campante y rampante, cuando el Gobierno tiene la obligación de redoblar esfuerzos para que la fuerza pública ataque el verdadero flagelo ambiental e incentivemos la inversión y las buenas prácticas en la minería legal. 

Por otro lado, necesitamos que las autoridades ambientales nacionales y regionales sigan el ejemplo de la Superintendencia de Industria y Comercio en su proactividad en el cumplimiento de su rol misional, para que empiecen a ejecutar un verdadera política de prevención y cumplimiento del principio constitucional de precaución en materia ambiental, imponiendo cargas severas que eviten la contaminación de fuentes hídricas y cierren de paso el camino a los populistas que pretenden posar de ambientalistas a costa del desarrollo del país. 

Lo de Cajarmaca no es más que una respuesta obvia ante una pregunta engañosa. Tal como acertadamente lo registró el editorial del martes de este diario, ante la pregunta de si prefiere oro que agua el resultado era inevitable, pero su finalidad no es tan altruista como se registró, pues es el resultado de la manipulación de los ciudadanos para generar plataformas populistas. Así que, estimado lector, no se deje engañar, pues no todo lo que brilla es oro.