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El doble estándar frente a la tauromaquia

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Es cierto que la discusión sobre la tauromaquia parece un tema agotado: en algún momento fue una apuesta política del alcalde Gustavo Petro, que por el mismo dinamismo de la escena política ha pasado a un segundo plano. Hoy, gracias a los lamentables hechos presentados en Turbaco por las corralejas, se ha revivido el papel de la intervención del Estado como regulador de la sociedad y bajo este escenario se deben analizar tres aspectos frente a una posible prohibición de la tauromaquia y sus vertientes.

Es imposible desconocer la tradición que está detrás de la fiesta taurina y su legado artístico para nuestra cultura: este es el simbolismo del enfrentamiento de la destreza e inteligencia humana, frente a la fuerza bruta y la nobleza del animal; adicionalmente, es una marca registrada de nuestra cultura como sociedad hispanoamericana. Grandes pensadores de Latinoamérica, desde Ortega y Gasset hasta Mario Vargas Llosa, han mostrado su simpatía y afecto hacia la belleza estética de la fiesta brava, y si bien los espectáculos taurinos están asociados generalmente a las élites, no cabe duda de que también existe un gran componente social ligado a ellos, entre los banderilleros y demás trabajadores vinculados a esta fiesta, que como lo decía Federico García Lorca consiste en “ver la muerte envuelta en la más deslumbrante belleza”. La belleza no matiza el componente violento, pues precisamente el toro de lidia es criado para morir de una forma, si se quiere absurda, por el hecho de ser celebrada públicamente. Por supuesto, en el ritual taurino el hombre se enfrenta a al peligroso instinto de un animal superior a él en cuanto a fuerza, pero estadísticamente, es el toro el que perece, en la mayoría de los casos.

Podríamos empezar por preguntarnos: ¿cómo el sufrimiento de uno más débil nos genera satisfacción y placer, incluso si este es un animal? Este es el segundo aspecto a considerar en torno a este problema, más cuando vuelve a tomar relevancia en nuestro país dados los últimos eventos. Las corralejas desde luego son una fiesta ligada a la tauromaquia, sin el refinamiento o componente “artístico” que caracteriza a la corrida de toros, pero que comparte uno de sus peores elementos: impartir sufrimiento a un animal. El pasado fin de semana en Turbaco (Bolívar), un toro fue pateado y apuñalado hasta causarle la muerte, y posteriormente arrastrado por las calles en medio de la euforia de la celebración de las corralejas en las que afloró, gracias a la compañía imprescindible del alcohol en nuestras fiestas, una tendencia al comportamiento violento que casi hemos naturalizado en nuestro país. Frente a estos penosos hechos, y anteriormente frente a la prohibición de las corridas de toros en Bogotá, las voces de los animalistas se levantaron para exigir la intervención del Estado frente al maltrato animal, pues la crueldad no puede ser justificada por la tradición, como supone Myron Martínez, alcalde del municipio bolivarense. 

Es necesario sin embargo, reconocer un tercer factor importante en la resolución de este dilema: si bien el maltrato a los animales puede ser el argumento más importante para abolir los espectáculos taurinos, no es el único. Es preciso considerar de qué manera la tauromaquia y sus manifestaciones afines ya no responden a una necesidad de nuestra cultura. Entender esto no requiere solamente un cambio en las leyes, sino de las mentalidades: nuestra cultura es ciega frente al maltrato animal tanto como lo es ante las violaciones de los derechos humanos o la corrupción, y las raíces de esta indiferencia están fundamentadas en un modo de entender el mundo en el que el fuerte se impone sobre el débil sin medir las consecuencias. En este sentido, cuando avalamos cualquier espectáculo que celebre la victoria de la multitud sobre el indefenso estaremos dándole cabida a la validación colectiva de la fuerza y la violencia como estrategias adecuadas para conseguir nuestros objetivos. Con el paso del tiempo, las necesidades culturales de las sociedades cambian e indudablemente nuestro país necesita, más que cambios en la legislación, una salida del doble estándar con el que solemos medir lo que consideramos motivo de indignación. 

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