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Uno de los grandes retos para los países es lograr la recuperación de las economías y, en el caso de Colombia, ser un país realmente atractivo para la inversión extranjera. En ese camino, el Gobierno Nacional está realizando mesas de trabajo en diferentes sectores con el objetivo de recoger las prioridades para el documento Conpes de reactivación económica que permita superar los efectos económicos de la pandemia.
La semana pasada tuve la oportunidad de participar en la mesa de priorización de acciones de gobierno organizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en la cual, para mi sorpresa y luego de más de tres horas de análisis y discusión, se definió como prioridad la inversión en infraestructura digital para la administración de justicia y servicios ciudadanos. Esto demuestra la importancia del sector justicia para la ciudadanía, los inversionistas y el sector empresarial en general.
Es tan fuerte el impacto de sector justicia que en el índice Doing Business, elaborado por el Grupo Banco Mundial, Colombia ocupa el puesto 67 de 190 países. Este no tan honroso puesto, entre otros factores, resulta de la desconfianza de los inversionistas hacia la forma en que se administra justicia en el país. De acuerdo con el estándar establecido por la Ocde, por cada cien mil habitantes un país debería contar con sesenta y tres jueces. En el caso de Colombia el número es abismalmente lejano, pues tan solo contamos con diez jueces por cada cien mil habitantes, lo que crea el efecto dominó perfecto para que un proceso en Colombia tarde en resolverse en promedio más de tres años.
Como lo escribí en una columna anterior, la situación actual de la justicia y su impacto en la competitividad permanecen por la ausencia de voluntad para lograr la transformación real. ¿Pero seguiremos haciendo lo mismo en la era de la cuarta revolución industrial? No, no podemos permitirnos seguir como el perro tratando de morderse la cola creyendo que la solución es crear más juzgados. Estamos en la era en la que podemos trabajar de la mano de la tecnología para lograr mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. ¡No nos demos el lujo de dejarla pasar!
La justicia no es ajena al impacto que puede generar la transformación digital en la calidad y las posibilidades de acceso a la administración de justicia. Por ejemplo, si Colombia decidiera únicamente aplicar soluciones tecnológicas para resolver los conflictos -sin reemplazar al juez sino apoyándolo en un desarrollo-, esta decisión impactaría positivamente en la posición que Colombia ocupa en el Doing Business. En un ejercicio de simulación que hemos hecho del impacto que tendría el desarrollo del proyecto denominado el “juzgado del futuro”, logramos evidenciar que tan solo con esta herramienta el país mejoraría en quince puestos en la posición general del índice de competitividad. ¿Vale la pena apostarle a la transformación?
Los resultados hablan por sí mismos y la decisión solo depende de la voluntad de la administración de la rama judicial. Así que aprovecho esta columna para reiterar públicamente la invitación que hace semanas le hicimos al Consejo Superior de la Judicatura a formar parte del desarrollo de la iniciativa privada del juzgado del futuro, en la que esta entidad no invertirá recursos públicos ni mucho menos asumirá los riesgos del desarrollo. Su única inversión será la voluntad de digitalizar la confianza perdida de los ciudadanos y los inversionistas. ¿Aceptarán la invitación?
