¿Bullying institucional?

La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver una decisión importante en materia de separación de poderes en un Estado Social de Derecho. La decisión de la Corte Constitucional declara inconstitucional los literales H y J del acto legislativo 1 de 2016. En resumen estos dos literales tratan sobre la forma de aprobación de los proyectos de ley o actos legislativos que para ser tramitados deberían tener un aval del gobierno, deberían respetar lo negociado y ser votados en bloque, no como sucede con los trámites habituales, que se hace artículo por artículo. 

Esta decisión se ha catalogado como un golpe de la Corte Constitucional a la paz y los acuerdos con las Farc. A tal punto que si bien de dientes para afuera la mayoría del Gobierno ha pedido cautela y ha dicho respetar las decisiones de la justicia, calladamente, junto a los miembros de las Farc ha iniciado una estrategia de bullying institucional usando a los medios de comunicación y las redes sociales como sus armas letales para deslegitimar el actuar de la Corte Constitucional y más exactamente, del magistrado Carlos Bernal, quien fue recientemente nombrado, luego de ser ternado  por la Presidencia de la República. 

Es preciso aclarar, en primer lugar, las dudas planteadas por María Jimena Duzán sobre un posible impedimento del magistrado Bernal al haber expresado anteriormente su opinión académica al respecto, lo cual no constituye ninguna causal para que no pudiera votar en el sentido que lo hizo. Por otro lado, sobre su posición como magistrado se han querido tejer una cantidad de teorías de supuesta conspiración en contra de la paz, que no dejan ser producto de una estrategia para hacer perder credibilidad a un profesional que hasta la fecha no ha tenido tacha alguna en su actuar. 

Al igual que sucedió con el fracaso del plebiscito que pretendía refrendar los acuerdos con las Farc, cuando el NO se impuso en las urnas, se trató de generar una campaña del miedo en que por el triunfo del NO las Farc iban a volver a las armas -que no han entregado en su totalidad- y que volveríamos a las épocas de guerra que todos queremos dejar atrás. Hoy, con la decisión de la Corte Constitucional de declarar la inconstitucionalidad de esos literales del Acto Legislativo 1 de 2016, nos han querido vender lo mismo: ¡Ya basta de mentiras!, ni los miembros de las Farc que se desmovilizaron van a volver a la selva a seguir matando colombianos, ni la paz perseguida se va a ver afectada por esta decisión. Por el contrario, la independencia institucional que protege la sentencia de la Corte Constitucional nos garantiza que se va a tener un control más estricto de los proyectos de ley o actos legislativos que buscan la implementación de los acuerdos pues, como bien lo dice el refrán: “Del afán no queda sino el cansancio”. 

El gobierno debe no solo declarar públicamente que respeta los fallos, sino verdaderamente hacerlo y llamar al orden a los voceros de las Farc, incluido Iván Cepeda, para que dejen de lanzar mentiras y amedrentaciones a la independencia de los poderes en un Estado democrático y dejen de atacar la decisión de un magistrado tomada en su libertad de criterio. A pesar de que he apoyado la búsqueda de la paz, no estoy dispuesto a tolerar y callar sobre que pretendan volver el país una dictadura; me trago unos sapos, pero este no. Así que señores de las Farc: a respetar la Constitución, primer acto de paz que deben tener si quieren integrarse a la sociedad.