Seguridad energética

Uno de los aprendizajes de la última década es que ningún país puede garantizar su desarrollo sin tres seguridades básicas: energética, alimentaria y sanitaria. Voy a centrarme en la primera, porque la coyuntura actual -los apagones eléctricos inesperados y la reciente restricción de suministro de gas a una gran compañía minera- revela fragilidades que exigen decisiones urgentes antes de que termine este gobierno.

Colombia tiene una matriz energética con un claro peso hidráulico: según La República, 62% hidráulica, 29% térmica, 9% solar y 0% eólica. Contamos con recursos energéticos abundantes y de calidad; sin embargo, esa riqueza no se ha traducido en certidumbre para los usuarios ni en resiliencia del sistema. La política oficial de “transición energética justa” -enunciada como bandera del actual gobierno- terminó siendo, en los hechos, una mezcla de voluntarismo y restricciones que limitaron la explotación de hidrocarburos y carbón térmico sin asegurar alternativas inmediatas de abastecimiento o mecanismos de respaldo confiables.

El riesgo de racionamiento no es una hipótesis remota: se ha venido aproximando por la conjunción de sequías sobre cuencas hidroeléctricas, fallas técnicas inesperadas y decisiones regulatorias que cambiaron las reglas del juego sin garantizar capacidad de reemplazo. En este contexto, la advertencia más concreta llega desde el sector industrial: el caso de Cerro Matoso, en Montelíbano, es la primera evidencia de que la inseguridad en el suministro puede golpear industrias estratégicas y cadenas productivas enteras.

Canacol, que abastecía cerca de 82% del gas requerido por la planta de ferroníquel, solicitó a una corte en Alberta terminar el contrato anticipadamente; la solicitud fue acogida y el suministro se redujo de 16.000 a 5.000 MBTU diarios. Ese recorte no solo pone en riesgo la continuidad operativa de una empresa vital para la región, sino que amenaza empleos directos e indirectos, los ingresos por impuestos y regalías y la estabilidad de proveedores locales. Además, crea presión sobre la red eléctrica y el mercado de generación térmica, aumentando la probabilidad de apagones localizados o de un racionamiento más amplio.
Frente a esta realidad hay lecciones y opciones claras. Primero, la transición energética debe articularse con la seguridad del suministro: cerrar fuentes sin planes de sustitución operativa deja vacíos que el mercado o la infraestructura tardarán años en compensar. Segundo, es indispensable fortalecer contratos y marcos regulatorios que garanticen continuidad para industrias estratégicas, incorporando cláusulas de contingencia y reservas físicas o financieras que permitan una respuesta rápida ante quiebras de suministro. Tercero, acelerar inversiones en diversificación: expansión de capacidad térmica moderna como respaldo, impulso decidido a renovables con almacenamiento y ampliación de redes de transmisión para redistribuir energía cuando una cuenca hidrológica falle.

Es necesario recordar que un indicador de crecimiento económico es la capacidad de producir energía (en todas sus formas) e incrementar su consumo. Somos adictos a la energía y, gracias a esa adicción, podemos disfrutar de la calidad de vida que tenemos en la actualidad. El gobierno saliente deja un problema enorme al que tendrá que dar prioridad el gobierno entrante: garantizar la seguridad energética para todos y cada uno de los colombianos.

Finalmente, los gobiernos deben reconocer que la transición energética es un proceso técnico y social, no solo ideológico.

La política pública responsable combina ambición climática con pragmatismo operativo: protección de empleos, seguridad de los servicios básicos y certidumbre para la inversión. Si no incorporamos esas prioridades hoy, la promesa de una Colombia más verde puede llegar acompañada de más apagones, mayor vulnerabilidad industrial y costos sociales evitables. Cerro Matoso es una señal de alarma. Ignorarla sería arriesgar el desarrollo que pretendemos proteger.