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Petro ha optado por radicalizar la izquierda que lidera, desconociendo los resultados electorales, convocando a la desobediencia civil y promoviendo la movilización. Es tomar el camino del desconocimiento de las instituciones democráticas: el camino del caos.
Petro ha decidido enfrentar al país. Un primer ámbito de confrontación serán las ciudades. Lo que ocurra el 20 de julio y en los días siguientes, hasta el 7 de agosto, será decisivo para la integridad de la nación. El liderazgo de los alcaldes y gobernadores puede tener una importancia significativa.
¿Cuántos de los votantes de Cepeda se mantendrán en esta convocatoria hacia una línea de desconocimiento de las instituciones y de entrada en un camino de caos?
Petro ha sido exitoso como movilizador de identidad política y como constructor de presión simbólica, especialmente frente a su base social: sindicatos, sectores estudiantiles, movimientos indígenas, campesinos y militancias de izquierda. A esas bases es a las que quiere acudir para el 20 de julio.
Fue menos exitoso en convertir cada movilización en victorias legislativas consistentes o en una ampliación sostenida de la gobernabilidad. Su éxito ha sido mayor en la dimensión de legitimación callejera y de posicionamiento en la agenda pública que en la construcción de mayorías institucionales.
La efectividad de esa estrategia parece haber variado según cada momento político. En 2023 y 2024, la movilización le sirvió para mantener vivas sus reformas y responder a la oposición. En 2025 y 2026, aparece más asociada a disputas defensivas: consulta popular, salario mínimo, soberanía y confrontación con otros poderes. Esa evolución sugiere que la movilización dejó de ser solo una herramienta de impulso reformista y pasó a ser también un mecanismo de defensa política del Gobierno.
También hay un límite importante: la calle no ha sido monopolio del petrismo. En abril de 2024, la oposición logró una movilización muy amplia contra el Gobierno, con más de 400.000 personas en al menos una decena de ciudades. Esto sugiere que las convocatorias de Petro han sido visibles, pero han coexistido con una contramovilización civil de gran tamaño.
Un hecho político relevante es que, hoy, alcaldías y gobernaciones se han convertido en el contrapeso político real al poder presidencial. Sus agendas están centradas en las necesidades cotidianas de la población, y esta identifica sus acciones como aquellas que tienen mayor incidencia en su calidad de vida.
Se requiere una acción afirmativa que permita a la ciudadanía vivir y trabajar tranquilamente. La experiencia del llamado estallido social afectó de manera significativa a la ciudadanía. Ese costo está presente en su marco de decisión, y es probable que la respuesta a las movilizaciones que la afecten no sea pasiva. Podría darse una reacción civil liderada por los propios alcaldes y gobernadores.
La centroizquierda se esmeró en legitimar al candidato Cepeda como un demócrata comprometido con las instituciones y, seguramente, aportó una parte de los votos en la segunda vuelta. Ahora se encuentra con que la izquierda ha optado por un camino que debilita las instituciones y la democracia. ¿Reaccionará? La están arrastrando hacia un camino en el que la izquierda quedará marcada por estar en contra de la democracia.
El país requiere que ahora se defiendan las instituciones, que haya tranquilidad para vivir y trabajar, y la izquierda le está entregando esas banderas al gobierno entrante.
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