CSU Universidad Nacional de Colombia

Hace 20 meses, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia nombró al profesor Ismael Peña como rector para el período 2024-2027. Sin embargo, uno de los aspirantes a este cargo, el profesor Leopoldo Múnera, se declaró en “desobediencia civil”, con apoyo del gobierno nacional, para intentar asumir la rectoría de manera irregular, desestimando el compromiso que él mismo firmó al aceptar participar en el proceso. Este compromiso consistía en respetar el resultado definitivo del CSU, que establecía claramente que las consultas a la comunidad académica no eran vinculantes, y que la decisión final quedaba en manos del Consejo Superior Universitario.

El tiempo ha revelado con claridad que, bajo argumentos interesados y estrategias poco transparentes, el profesor Leopoldo se acomodó en la rectoría hasta el pasado 24 de noviembre. Ese día, el CSU, bajo la influencia del representante de los rectores, llevó a cabo un espectáculo digno de un circo, con tres actos pretenciosos: primero, aceptaron la renuncia del profesor Leopoldo; segundo, declararon la vacancia del cargo; y tercero, nombraron un rector encargado. En este caso, el profesor Mora, quien fungía como delegado en el proceso de designación, asumió el cargo como rector, ya que, venía fungiendo como vicerrector general hasta ese momento.

Esta decisión no solo contraría dos fallos contundentes del Consejo de Estado emitidos en septiembre y noviembre, sino que también pone en entredicho la credibilidad y prestigio que la Universidad Nacional había cultivado ante la sociedad colombiana. Se argumenta la defensa de la autonomía universitaria, consagrada en el Artículo 69 de nuestra Constitución Política, para justificar acciones que evidencian una contradicción grave. Por un lado, cuando la universidad quiere actuar con independencia, invoca ese marco constitucional como escudo; pero cuando se trata de recursos financieros, recurre sin reparos al Estado para suplir sus necesidades, lo que sugiere una dependencia irresuelta, un comportamiento propio de los adolescentes.

No se pueden reinterpretar los fallos de la justicia a conveniencia propia, mucho menos cuando hay intereses personales en juego, como es el caso del profesor Leopoldo y su equipo directivo. Lo que está en juego no es solo la rectoría, sino la integridad institucional y el respeto a la ley. Aquellos que han criticado duramente a quienes han ejercido el poder en la universidad parecen olvidarse de que, como la principal casa de educación superior del país, tenemos la responsabilidad de ser ejemplares, un faro de esperanza en medio de las dificultades sociales y políticas que enfrenta Colombia.

Es preocupante pensar qué impresión se llevan las familias de nuestros estudiantes al observar que no se respetan los fallos judiciales, o cómo se sienten nuestros egresados cuando ven que la universidad aparece en los medios por conflictos internos en lugar de logros académicos. La Universidad Nacional debe brillar por sus avances científicos y tecnológicos, por la rigurosidad y dedicación de sus grupos de investigación -profesores y estudiantes comprometidos que trabajan por el progreso del país- y no por disensos diluidos en juegos de poder y desacatos legales.

La autonomía universitaria no puede ser una excusa para la impunidad ni para ignorar las reglas del Estado de derecho. La universidad debe ser un ejemplo de institucionalidad, respeto y ética, valores necesarios para construir una sociedad más justa y equitativa. Si queremos conservar ese rol de liderazgo, el compromiso debe ser con la legalidad y la transparencia, lejos de intereses personales y maniobras que dañan su prestigio.

¿Acaso no es hora de que la Universidad Nacional de Colombia se centre en su misión fundamental: educar, generar conocimiento y contribuir a la transformación social? La sociedad colombiana espera eso de nosotros; no menos que eso.