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Sigue insistiendo el Gobierno Nacional en dar un trato de quinta categoría al sector minero. De manera soterrada, el Ministerio de Agricultura viene adelantando desde hace más de un año la definición a lo largo y ancho del país de las Áreas de protección para la producción de alimentos, Appa, las últimas declaradas en dos municipios del suroeste antioqueño como lo son Venecia y Fredonia. Desconociendo que las dos actividades económicas como lo son la producción de alimentos para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria se pueden llevar a cabo de manera conjunta sin excluirse una de la otra, garantizando la coexistencia de estas dos actividades.
Según la Asociación Colombiana de Minería, ACM, los siguientes son los departamentos en los cuales se pretenden definir estas Appa los cuales están en proceso y se está trabajando para identificar Zonas para las Appa. Antioquia, suroeste antioqueño (23 municipios). Cundinamarca, sabana centro (11 municipios). Tolima (8 municipios). Córdoba (21 municipios). Meta (29 municipios). Cauca (1 municipio). Putumayo (1 municipio). Santander (2 municipios). En un análisis simple, coincidencialmente, estos municipios tienen tradición minera histórica o están en procesos de exploración geológico-minera muy importantes.
En el mismo sentido, en Colombia se observa una preocupante tendencia en las políticas públicas ambientales y agrícolas, que bajo el pretexto de proteger el medio ambiente y la producción alimentaria, terminan limitando arbitrariamente sectores estratégicos como la minería y la agricultura. Recientemente, la renuncia de la Ministra de Ambiente dejó al descubierto la incertidumbre generada por resoluciones ideológicas y no técnicas, como la Resolución 0221 de 2025 que declara reserva temporal en áreas con importantes yacimientos auríferos en Santander. Esta medida congela proyectos mineros responsables y afecta inversiones extranjeras sustanciales, sin que aparentemente se haya informado adecuadamente a los inversores.
Simultáneamente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha propuesto las Zonas y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, Zappa, como supuestas garantías para la seguridad y soberanía alimentaria, pero estas áreas son percibidas como un sofisma que limita la exploración de minerales estratégicos, obstaculizando el desarrollo sostenible. La producción agrícola y minera no son actividades incompatibles; por el contrario, pueden coexistir en territorios, dando fuente de ingresos diversificados a las comunidades y fomentando el desarrollo social.
Gracias a la geografía privilegiada de Colombia, la agricultura puede celebrarse durante todo el año, lo que permite aprovechar simultáneamente los recursos mineros y agrícolas bajo regulaciones técnicas modernas que garanticen la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, las Appa se imponen sin evidencia técnica sólida, minando la confianza en las instituciones y generando barreras para el progreso económico.
En conclusión, Colombia debe superar la política de “tirar la piedra (ambiental y agrícola) y esconder la mano” que confunde la defensa del medio ambiente con medidas ideológicas sin sustento técnico. Es indispensable que las políticas públicas se basen en evidencia científica y un enfoque equilibrado que permita la minería responsable y la agricultura eficiente, garantizando el desarrollo socioeconómico sostenible y la inclusión social. Este es el desafío para las autoridades: proteger la naturaleza y al mismo tiempo asegurar un futuro próspero para el país, sin la exclusión de actividades económicas tan importantes como la minería.
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