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El sexagésimo aniversario de la Ley 155 de 1959 se constituye en una nueva oportunidad para evocar los orígenes del marco normativo propio de la libre competencia económica, esto es, recordar algunos hechos que propiciaron el surgimiento del Derecho de la Competencia.
A finales del siglo XIX, en Estados Unidos, la industria manufacturera experimentó importantes periodos de crecimiento económico y transformación. En efecto, las innovaciones tecnológicas en el sector de transporte (ferrocarriles) y de comunicaciones (telegráfo y teléfono) permitieron que las empresas tuvieran nuevos incentivos a explotar las economías de alcance y las economías de escala. Sumado a ello, se promulgaron nuevas normas jurídicas que posibilitaron la creación de nuevas empresas y la fusión de otras tantas. No obstante, por aquel entonces, la economía estadounidense enfrentó diversos periodos caracterizados por la inestabilidad y guerra de precios bajos, derivados de distintas crisis macroeconómicas. En este contexto, algunas empresas, especialmente compañías de ferrocarriles y de petróleo, con el propósito de controlar tanto los precios como la oferta de bienes y servicios, limitando así la libre competencia económica en detrimento de los consumidores, establecieron acuerdos de precios, formando, de tal manera, los primeros carteles empresariales de la historia moderna. En respuesta a ello, ante la imposibilidad legal de hacer frente a las conductas anticompetitivas, en 1890, se promulgó la Ley Sherman, conocida como la primera ley de competencia en el mundo, la cual abogó por sancionar aquellos acuerdos de fijación de precios, monopolios y repartición de mercado.
Ahora bien, mientras que en Estados Unidos se consolidaba esta nueva Ley, en Colombia, a mediados del siglo XX, el sector industrial experimentó importantes periodos de auge. No obstante, considerando los efectos de tan importante hito económico, con el fin de proteger los intereses de los consumidores y el espíritu propio de los empresarios, se formularon nuevas regulaciones, entre ellas, la Ley 155, promulgada el 24 de diciembre de 1959, la cual abogó por la centralización del poder encargado de vigilar y fiscalizar los precios y las tarifas, además de establecer algunas disposiciones sobre prácticas restrictivas de la competencia.
Esta Ley, origen del Derecho de la Competencia en Colombia, cuyo primer artículo, único vigente, denominado Prohibición General, se erige como parte del Régimen General de Protección de la Competencia actual en el país (Ley 155 de 1959, Decreto 2153 de 1992 y Ley 1340 de 2009). Su importancia, dentro de la normativa vigente, y por la cual vale la pena conmemorar su aniversario, radica en el hecho de ser considerada el primer esfuerzo por asegurar el correcto y libre funcionamiento de las fuerzas del mercado, prohibiendo todos aquellos acuerdos que, de una u otra forma, tiendan a limitar la libre competencia económica en Colombia.
