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Analistas 16/06/2021

Reformas trabajosas

Germán Eduardo Vargas
Catedrático/Columnista

Hacer reformas no es fácil. Según MinHacienda, su presidente clamó grandeza para construir consensos (LR, 4/6/2021); empezaron convocando ciudadanos para co-crear la tributaria e inversión social, y terminaron bloqueando los microdatos anonimizados: ¿por qué tanta «pequeñeza»?

Hamleth, tecnócrata de la Dian, respondió que esa mejor práctica seguirá indefinidamente postergada (PQR, 8/6/2021): *hacer o no hacer*, la auto complacencia-indulgencia institucional, automatizada mediante pretextos y evasivas, protege la caja negra para no aportar verdad, justicia, reparación y no repetición (LR, 3/6/2021).

El Dane y Sisbén también confunden liberal-progresista con libertario-anarquista. Sus encuestas manipulan criterios y mediciones que normalizaron realidades inconstitucionales, y relativizan delitos de lesa humanidad: miserables, vulnerables, subempleados o trabajadores domésticos y de cuidados, no remunerados.

Sin derecho a educación superior, excluyeron a la mayoría de la formalidad. Tras esa barrera de entrada, pocos salen de la deuda; en materia de costo-beneficio se rajan, y acaso intentan compensar cumpliendo jornadas que también dejan saldo desfavorable en el balance Vida-Trabajo.

Aunque el proyecto para recortar la semana laboral no fue ambicioso, bajar la «usura» de 48 a 40 horas nos acerca al promedio Ocde. Igual, el «burnout» produce 1/3 de las incapacidades (Systematic analysis from WHO/ILO Joint Estimates of Work-related Burden, 2021), y la nueva pandemia es la ansiedad-depresión ocupacional derivada de la continuidad Gran Recesión-Confinamiento.

Banrepública debe financiar la reconstrucción del Estado, “con dimensión social, partidario de la economía moral”. Es necesario reducir los órganos colegiados al 30% de su tamaño actual, y otorgar a la oposición facultades de elección o dirección, en los órganos independientes y de control. El Congreso está en mora de eliminar el IVA al producto colombiano, y aquella contribución a cajas de compensación que destruye empleos, a cambio de servicios tan prohibitivos como inefectivos, para el progreso y bienestar.

Reducir la corrupción e inequidad implica desmontar regímenes especiales, de beneficios laborales y pensionales, en las empresas y entidades financiadas con recursos públicos. También los entresijos tributarios (crédito, devolución, deducción, descuento y tarifa preferencial). Además, la declaración de renta debe ser obligatoria.

Prohíban que haya *servidores* con familiares trabajando en organizaciones influyentes ante la gestión pública (ramas del poder o multilaterales, sindicatos o gremios, cámaras de comercio o cajas de compensación, partidos políticos o fundaciones activistas). Y, aprovechando el reciente aval para la Dian, generalicen la aplicación del polígrafo: interesante debate, cuestionaron su validez, aunque igualmente falibles son las psicométricas de los concursos meritocráticos.

Legislen sobre control natal, pues el crecimiento de la pobreza también es insostenible. Unifiquen las ayudas para evitar su dispersión, y estandaricen la renta básica porque la pobreza no debe tener matices: apliquen la *progresividad* sólo a la riqueza, ergo regulen el ingreso máximo como múltiplo del básico.