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El destino de las democracias está signado por la calidad de la labor legislativa y de control político realizado por el Congreso en ejercicio de sus funciones. Desde el inicio republicano con la Constitución de Cúcuta de 1821, Colombia se fundamentó en la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), con el Congreso bicameral (Cámara de Representantes y Senado).
Esa legislatura, la de Bolívar y Santander, es el pilar fundacional del andamiaje institucional y jurídico del Estado, sustentado en gobiernos representativos que sentaron las bases jurídicas y democráticas que hasta hoy rigen la nación. Desde entonces el devenir histórico y realismo político han demostrado que la primera legislatura de cada gobierno determina su suerte.
La dinámica política reconoce la vital relevancia del primer año de trabajo del nuevo gobierno, en especial su manejo y relación con el Congreso elegido, situación posible de analizar en cuatro dimensiones: luna de miel, apoyo a la agenda, reformas estructurales, y gobernabilidad.
Recién elegido el presidente electo por popularidad y legitimidad, pero ante todo por “sabiduría”, podrá disfrutar la luna de miel y definir coaliciones mayoritarias del Congreso. Conforme esto ganará o perderá al implementar su agenda y ejecutar el plan de desarrollo. Así mismo dependerá el trámite eficaz de las reformas estructurales más apremiantes. Igualmente definirá la gobernabilidad no solo del primer año, sino de todo el mandato.
El gobierno del tigre tiene la imperiosa necesidad de acabar con graves problemas: fiscal, seguridad, salud, y desarrollo económico y social. Esto requiere un manejo hacia el Congreso que combine cautela, idoneidad, pragmatismo, transparencia, integridad, solidez y visión compartida; donde estos principios deben ser resueltos con eficiencia.
A menos de dos meses de posesionado el presidente De la Espriella comenzó bien al enfrentar el desastre ocasionado por el terremoto, sin embargo, tiene retos claves aún por resolver para contar en firme con un Congreso aliado, donde el diálogo parece no fluir adecuadamente, pero además sin aparente claridad sobre el fondo del contenido de las reformas pendientes.
Acertar en lo fiscal resulta prioritario en tanto integra el presupuesto y las reformas tributaria y de funcionamiento del Estado, siendo neurálgico tratar con el mayor rigor el diseño de los instrumentos de política pública que con mirada estratégica, dinamicen la inversión privada y pública en todas las arenas productivas.
El ministro Gómez Martínez luce con autoridad en el proceso que emprendió este gobierno para “adelgazar el Estado” y empezó con el “presupuesto de la verdad”, que pese a la cuantía de $635 billones aprobada en las comisiones económicas, exhibe importante recorte al gasto público.
Por su parte, creó expectativa favorable con la llamada “ley de rescate” que espera mejorar las condiciones tributarias y de seguridad jurídica para reactivar la inversión, proyecto de ley que radicarán el mes entrante. Sin duda ahí puede estar la tabla de salvación fiscal, donde el diálogo y debate oportuno y fundamentado con la opinión pública, resulta crítico para alinear el Congreso.
La cura exige un cambio radical de mentalidad empresarial. Las organizaciones deben pasar de la exploración desenfrenada a la explotación disciplinada
Doscientos cincuenta años después, esa reflexión sirve para Colombia. Una república madura comprende que gobernar no significa refundar el país cada cuatro años
