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El café colombiano es mucho más que un cultivo. Es el renglón económico más democrático de nuestra Nación, presente en más de 600 municipios, motor de vida para más de medio millón de familias y principal producto de exportación no minera del país. Pero es, sobre todo, un constructor de tejido social: articula comunidades enteras, construye país desde la ruralidad y representa en el mundo la identidad de Colombia.
Por eso, las reformas que afectan de manera directa a este sector no pueden evaluarse únicamente desde la óptica del recaudo fiscal. La propuesta de reforma tributaria de 2025, aunque inspirada en el loable propósito de combatir la evasión y formalizar la economía, incluye medidas que amenazan con debilitar la cadena formal de comercialización del café.
Esa cadena, cimentada a lo largo de décadas, descansa en dos ejes fundamentales de un mismo bien público cafetero: la garantía de compra, que asegura al caficultor un comprador para su producto en todo momento, y el sistema cooperativo, que actúa como comprador de última instancia, brinda confianza a los productores y da sostenibilidad al modelo. Juntas, como bien público, han protegido a los caficultores de la volatilidad, han catalizado el mercado y han hecho del café colombiano sinónimo de estabilidad y calidad.
Sin embargo, las nuevas disposiciones en materia de facturación, pagos y retenciones corren el riesgo de convertirse en un incentivo a la informalidad. Lo que en la teoría busca aumentar la transparencia, en la práctica amenaza con empujar a miles de productores hacia esquemas paralelos que ofrecen soluciones rápidas, pero socavan la solidez del sistema formal. El resultado sería paradójico: debilitar lo que se pretende fortalecer, restar liquidez a las familias cafeteras y poner en desventaja a las cooperativas frente a intermediarios sin controles ni reglas claras.
No se puede olvidar que más de 90% de los caficultores colombianos son pequeños productores, con fincas de menos de cinco hectáreas, ubicados en veredas apartadas donde la conectividad digital es limitada y el acceso a servicios financieros aún es precario. Exigir trámites electrónicos en zonas sin internet, o pagos únicamente por canales bancarios en lugares sin presencia suficiente de entidades financieras, equivale a imponer cargas imposibles de cumplir. En lugar de integrar al productor, se le margina. En lugar de facilitar la formalización, se le conduce a la informalidad.
Más preocupante aún es que estas exigencias no distinguen entre el comercio especulativo y los programas de apoyo diseñados para estimular la productividad y la sostenibilidad. Así, auxilios para fertilización, créditos productivos o incentivos para renovación de cafetales terminarían sometidos a las mismas reglas restrictivas, reduciendo su impacto positivo y contradiciendo la intención de la política pública.
El riesgo es claro: que las cooperativas, obligadas a cumplir con estrictas reglas, vean disminuida su capacidad de compra, mientras que actores informales, al margen de la regulación, ganen terreno. Esto no solo erosiona la competitividad del sistema cooperativo, sino que fragiliza la garantía de compra, un patrimonio que ha protegido al productor durante generaciones.
En la Federación Nacional de Cafeteros no nos oponemos a la formalización, la bancarización ni la transparencia. Por el contrario, hemos sido pioneros en crear instituciones sólidas y mecanismos de control que hoy son ejemplo para otros sectores. Pero creemos firmemente que las políticas deben ser graduales, realistas y coherentes con la realidad del campo colombiano. La bancarización debe avanzar al ritmo de la conectividad. La digitalización debe acompañarse de infraestructura tecnológica. Y la formalización no puede lograrse a costa de asfixiar la liquidez de las familias cafeteras.
Proteger la cadena formal del café no es sólo un interés corporativo del gremio; es una necesidad nacional. Porque cuando el café se debilita, lo hacen también cientos de municipios que dependen de él, miles de familias que sostienen en esta actividad su ingreso y una de las principales fuentes de divisas que financia el desarrollo de Colombia.
El café colombiano ha sido ejemplo de resiliencia y disciplina. Hoy pedimos que esas mismas virtudes guíen la política pública: que las decisiones tributarias se tomen con visión de largo plazo, con gradualidad, selectividad y sentido de equidad. Es un llamado a cuidar uno de los mayores patrimonios económicos, sociales y culturales de la Nación.
