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En junio de 2025, el Gobierno Nacional activó la cláusula de escape de la regla fiscal y suspendió su aplicación por tres años. Lo hizo en medio de un déficit creciente, un recaudo fallido y un gasto desbordado. El argumento oficial fue la existencia de “circunstancias extraordinarias”, pero lo extraordinario no fue un choque externo ni una calamidad nacional: fue la combinación de improvisación fiscal, desequilibrio estructural y decisiones políticas mal calculadas. Errores propios.
La regla fiscal, establecida por la Ley 1473 de 2011 y reformada en 2021, busca garantizar que el gasto del Estado se mantenga dentro de límites responsables, de manera que la deuda no supere la capacidad futura de pago. Esa regla se suspendió por primera vez durante la pandemia, y con razón. Hoy, en cambio, el Gobierno invoca la misma excepción tras dos años de gasto sin contención, una reforma tributaria diluida por ellos mismos y metas de recaudo incumplidas.
El déficit fiscal de Colombia cerró 2024 en 6,8% del PIB, por encima de la meta de 5,6%. Para 2025, el Marco Fiscal de Mediano Plazo proyecta un déficit de 7,1%. En el primer trimestre de este año, el déficit ya llegó a 2% del PIB, el más alto en dos décadas. Y la deuda bruta del Gobierno Central bordea 61,3% del PIB, muy cerca del ancla de 65% fijada por organismos internacionales.
Mientras tanto, el gasto del Gobierno Nacional se ha mantenido en promedio en 22,8% del PIB desde 2020, frente a 18,7% en 2019. La mayor parte de ese gasto es inflexible: en 2025, 90% del gasto de funcionamiento está comprometido por obligaciones que no se pueden modificar. Es decir, el margen de maniobra es mínimo, pero la expansión continúa.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, órgano técnico independiente, emitió concepto desfavorable. Señaló que la activación de la cláusula de escape no resuelve el problema de fondo y que Colombia necesita un plan de ajuste fiscal creíble, gradual y estructurado. Pero en lugar de presentar ese plan, el Gobierno optó por suspender la regla y preparar una nueva reforma tributaria.
Esa reforma, según el Ministerio de Hacienda, buscará recaudar entre $19,6 y $25 billones en 2026. Se enfoca en eliminar exenciones al IVA (que suman $89 billones), modificar el impuesto de renta para personas naturales, crear impuestos sobre juegos de azar, carbono y contratos, y reducir subsidios. No se tocaría la tarifa general del IVA, pero sí se ampliarían las bases gravables. Para 2025, el objetivo parcial es obtener entre $4 billones y $8 billones.
El problema no es solo que se proponga una nueva tributaria. Es que se presenta después de incumplir la anterior, sin corregir el gasto, sin mejorar el recaudo, y sin contener las presiones fiscales que el propio gobierno ha alimentado. Mientras tanto, la confianza en la política económica se debilita: el peso se depreció más de 18 % en 2024, los spreads de deuda se amplían, y la inversión privada cae.
El mensaje que se transmite es peligroso: las reglas se suspenden, el gasto no se ajusta y el costo lo asume el contribuyente formal. Colombia no necesita más impuestos: necesita orden, previsibilidad y responsabilidad fiscal. Romper la regla fiscal puede ser legal. Pero si no se corrige el rumbo, el costo lo pagaremos todos, con menos crecimiento, más deuda y menos confianza.
Durante el pasado mes de abril, las exportaciones colombianas registraron una caída de 6,5 % en relación con el mismo mes de 2024, según información entregada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
