La espera que mata

El ciudadano colombiano vive una paradoja: paga un sistema de salud que, en teoría, logró cobertura casi universal, pero cada vez que necesita una cita siente que entra a un laberinto eterno. En salud, los retrasos no se miden en horas, se miden en vidas. Ese es el fondo del debate que estamos evadiendo.

Colombia enfrenta una decisión que no es ideológica ni administrativa: es una decisión sobre vida o muerte. ¿Queremos un sistema donde el ingreso lo decide el ciudadano o donde lo decide la política? Detrás de la propuesta del Gobierno hay un cambio silencioso pero decisivo: sustituir la libertad individual por la discrecionalidad estatal. Y cuando el Estado controla la entrada, controla también el reloj. En salud, el reloj es todo.

El Gobierno propone una “puerta de entrada única” administrada por Centros de Atención Primaria asignados por territorio. Suena ordenado. En realidad, es la arquitectura clásica de un sistema estatizado: el paciente es asignado, no elige. Y cuando millones deben cruzar por la misma puerta, los tiempos de espera se disparan. En otros sectores una fila incomoda; en salud, una fila mata.

Ya lo vivimos. El antiguo Instituto de Seguros Sociales fue un monopolio estatal sin incentivos de eficiencia. El resultado no fue solo desorden: fue tragedia. Las filas interminables no representaban un problema logístico sino una línea delgada entre sobrevivir y no hacerlo. Ese sistema no fracasó solo administrativamente: fracasó humanamente. Y costó vidas antes que dinero.

Otros países confirman la misma ecuación. México desmontó un sistema mixto para centralizar la salud en un modelo estatal. En dos años aumentaron las muertes evitables por diagnósticos tardíos. Venezuela estatizó la salud y hoy su red pública está colapsada: la falta de atención oportuna no se expresa en cifras contables, sino en funerales. La evidencia internacional es contundente: los monopolios estatales no colapsan en estadísticas; colapsan en vidas.

Reconocer esto no significa idealizar el sistema actual. Tiene fallas profundas. Pero el error es asumir que para corregir lo malo debemos destruir lo bueno. La pregunta correcta no es si el sistema es perfecto -no lo es-, sino cuál modelo salva más vidas. Y la respuesta está en los incentivos.

Un sistema mixto, público-privado, solidario y con libertad regulada de elección no es un capricho doctrinario: es la arquitectura que mejor distribuye riesgos y minimiza muertes prevenibles. La libertad no es un lujo: es un mecanismo de supervivencia.

Esto implica depurar aseguradoras malas, exigir solvencia y calidad certificada, fortalecer auditorías independientes y garantizar estabilidad jurídica. Implica dignificar al talento humano en salud e invertir con estrategia en zonas rurales para evitar que los más pobres vuelvan a caer en la espera que más mata: la espera de la atención básica. Sobre todo, implica no entregar la chequera de la salud a la política territorial. Cuando el acceso depende del poder local, la inequidad deja de ser técnica y se vuelve sentencia.

Porque la salud no se define en un discurso; se define en el minuto exacto en el que un paciente recibe -o no recibe- la atención que necesita. Cuando el Estado convierte la puerta de entrada en una ventanilla única, convierte la espera en sentencia. Por eso Colombia no está escogiendo entre dos modelos teóricos, sino entre dos consecuencias reales: la libertad de vivir o la espera que mata.