Analistas 28/10/2020

La deuda que no se paga

“No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague”. Es una sentencia que parece original de Scrooge o puesta por Shakespeare en labios de Shylock en su Mercader de Venecia. Pero, en realidad, es una de los goznes sobre los cuales giran los sistemas económicos de nuestros tiempos, a los cuales hay que acercarse con sumo cuidado, para que la estructura de la sociedad no se desajuste y nos caiga encima.

No se necesita darle muchas vueltas al asunto, en tiempos normales. Otra cosa ocurre en medio de una crisis, y todo se complica si los problemas vienen de una causa que amenaza, masivamente, la vida y la salud de acreedores y deudores.

Es claro que los deudores, o por lo menos una gran parte de ellos, son víctimas de circunstancias completamente inesperadas, que constituyen una calamidad imprevisible. Un innegable ejemplo de fuerza mayor y caso fortuito.

Al principio, el deudor acude a cuanto recurso encuentra para atender sus obligaciones. Ahorros, por ejemplo. Reduce gastos. Aprieta a quienes tienen deudas con él. Busca otras fuentes de financiación. Pide prórrogas. En fin, agota esfuerzos hasta que su imaginación queda exhausta.

Se va perfilando así una recesión progresiva con aceleración creciente, cada vez más costosa de frenar y mucho más difícil de reversar su tendencia. Si el consumidor disminuye el gasto habitual, la contracción se siente hasta en el primer eslabón de la cadena crediticia y se extiende por todo el sistema, en círculos concéntricos, más amplios en cada oportunidad.

En Colombia, por fortuna, tenemos un sistema financiero serio y sólido, que resistió dificultades satisfactoriamente. Serio y sólido sí, pero por lo mismo no se debe exponer a riesgos excesivos. Y esto, ante todo, por interés de la comunidad entera.

Lo aconsejable es, obviamente, prevenir para no caer en crisis que están cantadas con anticipación, cuyas dificultades comienzan a reflejarse en las estadísticas.

Como el envejecimiento de las obligaciones con plazo vencido continuará alargándose, ni el más optimista se atreverá a trabajar sobre la hipótesis de una cartera normalizada. El sistema financiero no tendrá más remedio que pasar a su departamento jurídico los cobros retardados, y los juzgados se ahogarán entre un número desusadamente grande de procesos que terminarán en remates de muebles, inmuebles y toda clase de bienes que garanticen los créditos morosos.

El problema no para allí, porque los precios de esos bienes caerán. Será complicado conseguirles comprador y ese deterioro afectará el valor de las garantías de la cartera en general.

Para evitar una catástrofe no es suficiente solucionar el problema individual, buscando arreglos caso por caso. Ya es hora de pensar en un mecanismo de solución general que sirva a deudores y acreedores y les permita a todos trabajar para lograr una pronta recuperación.

No quedan muchas opciones cuando los plazos de las deudas corren a toda velocidad. Además, si no se actúa con prontitud, la congestión de los despachos judiciales durará mucho más que la pandemia.