Un radar para cuando la tierra vuelva a temblar

En la vereda San Antonio, en el corregimiento 8 de la zona rural de Buenaventura, el abandono no empezó el 10 de agosto. Ha sido así toda la vida: casas sin acueducto confiable, sin puesto de salud cercano, sin garantía de alimento - la misma precariedad de siempre, sostenida en el tiempo como una costumbre que nadie corrige. El terremoto no la inauguró: apenas la iluminó, como un relámpago que por un segundo revela un paisaje que ya estaba ahí, en la oscuridad, todo el tiempo. Y mientras Bogotá anuncia decretos y fondos de reconstrucción, a San Antonio no ha llegado ayuda - no por falta de voluntad, sino porque esa vereda nunca estuvo dentro del radar del Estado. Es demasiado pequeña, demasiado lejana, para que un sistema diseñado para ver lo visible la encuentre.

San Antonio no apareció en ningún radar el 10 de agosto porque nunca había aparecido antes. Ahí está el problema de fondo que el sismo solo sacó a la superficie: un Estado que solo ve lo que ya sabía que estaba ahí. Y es la pregunta que debería estar en el centro del diseño del Fondo Milagro, el vehículo que el gobierno acaba de crear por decreto de emergencia económica para canalizar recursos hacia la reconstrucción - no solo cuánto dinero se necesita, ni siquiera solo cómo se protege ese dinero del próximo gobierno, sino si el sistema que lo administra aprende, esta vez, a mirar donde nunca miró.

Hay que decirlo con toda claridad: el gobierno ha resuelto rápido, y bien, la emergencia inmediata. Decreto con fuerza de ley, articulación con el sector constructor, la Presidencia y la Vicepresidencia caminando el barro de las zonas afectadas desde el primer día, no para la cámara, presencia real. Eso es gestión de crisis de manual, con un respaldo ciudadano que pocas veces se ve tan sostenido. Pero un fondo de reconstrucción no se mide por lo bien que reacciona en la primera semana, sino por si en el año diez sigue financiando lo que prometió financiar. El Fondo Adaptación, creado hace quince años tras la ola invernal de 2010, es la prueba de que en Colombia esa segunda vida institucional es posible - y también, hace solo unos días, la prueba de lo frágil que sigue siendo: defendiéndose de que le redirijan $1,2 billones ya comprometidos hacia la urgencia del momento, como si sobrevivir tres cambios de gobierno no bastara para estar a salvo del último Consejo de Ministros de una administración que se despide.

De esa historia, y de la de San Antonio, se desprende una sola convicción, y conviene decirla sin rodeos: Colombia no necesita otro fondo de emergencia bien intencionado. Necesita una institucionalidad de la anticipación, construida sobre tres pilares concretos.

Primero, gobernanza plurianual, con una junta o fiduciaria independiente del ciclo presidencial, que impida que cada nuevo gobierno decida por decreto qué tan intocables son los recursos que hereda.
Segundo, intangibilidad presupuestal real de lo ya comprometido, blindada por ley frente a la tentación de la urgencia del momento - no la protección de papel que hoy defiende al Fondo Adaptación a punta de resoluciones, sino una que no dependa de que alguien, cada vez, dé la pelea.
Y tercero, el pilar que ninguna columna de esta semana ha nombrado: un radar territorial permanente, un inventario georreferenciado y vivo de la vulnerabilidad estructural del país disperso - servicios públicos, salud, educación, alimentación, accesibilidad -, actualizado exista o no una tragedia que lo justifique. No un censo de daños que se levanta después, sobre los escombros, sino un mapa de lo frágil que existe antes, para que la próxima vez que tiemble la tierra, el Estado ya sepa, sin tener que improvisarlo, adónde mirar.

Colombia tiene ahora mismo algo que rara vez tiene: la atención, el presupuesto y la voluntad política coincidiendo en el mismo instante. Malgastar esa rara alineación en devolverles a Chocó, al Eje Cafetero y a Cali exactamente lo que tenían sería desperdiciar la única ventana en que un país está dispuesto a pagar el precio de mirar más lejos.

La pregunta no es cuánto cuesta reponer lo perdido, sino cuánto más barato resulta, en la misma obra, dejarlo mejor de lo que jamás estuvo. Ese es el verdadero shock de inversión: no reconstrucción, sino upgrade; no reposición, sino un futuro regenerativo para los territorios que el país solo aprende a nombrar cuando tiembla la tierra bajo ellos. Porque si el nuevo mapa de la reconstrucción vuelve a trazarse sin San Antonio, no habrá sido el terremoto el que la dejó fuera. Habrán sido, otra vez y por decisión propia, nuestro Estado y nuestra sociedad los que decidieron no verla.