Analistas

Propuesta a las Farc

Voté por el “sí”. Creo que hay que cambiar las armas por los votos. Creo que las diferencias se deben dirimir democráticamente en las urnas. Pero no así: no postulando a personas incursas en delitos de lesa humanidad sin haber rendido cuentas ante la justicia transicional. Esto es contrario a las normas internacionales y además se traduce en un pésimo mensaje para la sociedad.

El mundo ya no es como antes. Actualmente, las amnistías por los peores crímenes no son aceptables. La Corte Penal Internacional -CPI-, creada por el Estatuto de Roma y cuya jurisdicción fue ratificada por Colombia, garantiza estos mínimos de justicia. Hoy, por ejemplo, una ley de punto final, como la que se dio con el M19, no sería posible.

Esta innovación es un gran avance, sin embargo todavía está en construcción. Nuestro actual proceso de paz es el primero que se negocia bajo el ojo vigilante de la CPI y se volverá el ‘benchmark’ mundial para futuras negociaciones. Esto hace aún más grave lo que está pasando.

El criterio internacional, derivado de consensos académicos, es que deben ser castigados los “máximos responsables” de las peores atrocidades, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Inicialmente, Bensouda, fiscal de la CPI, insistía en que aquellos que cumplieran estos criterios deberían pagar penas de cárcel.

Un intenso lobby por parte del Gobierno logró que la CPI aceptara penas de restricción de movimiento pero no en cárceles. Un gran sapo que nos tragamos los colombianos y el mundo entero.

Permitir ahora que quienes están vinculados a este tipo de delitos participen en política sin pasar antes por la justicia, desnaturaliza los acuerdos que yo voté.

Timochenko, relacionado con delitos de lesa humanidad, es, por ahora, candidato presidencial. Peor aún es la situación con respecto a las 10 curules regaladas que las Farc recibirán en el Congreso pues ni siquiera contarán con la legitimidad popular.

Iván Márquez, con una situación judicial similar, será senador sí o sí. Ya elegido como congresista, ¿lo juzgarán ciegamente los magistrados de la JEP sin tomar en cuenta su nuevo cargo? La respuesta corta es: no.

Lo más probable es que para permitirles a los exguerrilleros ejercer como congresistas, las condenas no restringirían sus movimientos. ¿O actuarían como congresistas de día y de noche tendrían restricción efectiva de la libertad? Permitir esto implicaría que la justicia pierda su esencia.

La guerrilla de las Farc está empecinada en postular a sus cabecillas sin importar su prontuario. Podría creerse que es una estrategia para garantizar que este estatus logre influir en los magistrados. Los miembros de la JEP quedan en una difícil situación donde, potencialmente, para que uno de estos guerrilleros cumpla la pena adecuada no podría ejercer como congresista lo que llevaría a que los magistrados ajusten la pena para que se adapte al cargo.

Si definitivamente, por razones de tiempos, no van a ir a la Justicia Especial de Paz antes de las elecciones, como debería ser, sino más bien antes de posesionarse como congresistas, tal como lo plantea el Gobierno, le propongo a las Farc que muestren respeto por los colombianos y presenten en sus listas guerrilleros, de los miles que hay, que no tengan investigaciones o condenas por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Sería lo mínimo.