Analistas

¿Quieren la paz?

Desde comienzos de agosto, tres profesores desarrollamos un proyecto académico de la Defensoría del Pueblo en colaboración con la Delegación de la Unión Europea y el Externado de Colombia, en el que capacitamos a defensores públicos de víctimas y postulados sobre el punto 5 del Acuerdo de Paz, donde se analiza el Acuerdo de Víctimas del Conflicto a la luz de los estándares internacionales. Son 14 foros académicos a lo largo del país, de los cuales ya se desarrollaron 8, que impactarán a unos 700 defensores públicos quienes tienen un rol protagónico representando víctimas en el marco del Programa de Justicia y Paz: legislación promovida por el gobierno del expresidente Uribe que fomenta sobre todo la desmovilización de paramilitares.

Este programa presenta a la fecha un balance muy regular, en particular para las víctimas que tienen que demostrarle a la justicia no solo que lo son, sino soportar la actitud displicente del perpetrador y de los jueces, pues los primeros solo los tienen en cuenta como una necesidad para lograr beneficios penales, y los segundos, como un expediente más de los tantos que tienen que tramitar, es por cierto, la fórmula supuestamente novedosa del partido -que no es ni de centro ni democrático- para reemplazar la Jurisdicción Especial para la Paz acordada en La Habana.

El uribismo quiere salas adscritas al Tribunal Superior de Bogotá, con la Corte Suprema como órgano de cierre y con una unidad élite en la Fiscalía encargada de hacer la investigación. Modelo análogo al que opera en Justicia y Paz donde los Tribunales Superiores de Distrito Judicial son competentes en esta materia y donde la víctima no tiene un rol protagónico -lo tiene el perpetrador- y que por esto, y por las pocas condenas a líderes paramilitares y escasos trámites de los expedientes de falsos positivos, viene siendo observado por la Corte Penal Internacional, CPI.

Es curioso, muchos de los que se oponían a las negociaciones de La Habana lo hacían con el argumento de que la CPI no permitiría que los derechos de la víctimas se garantizaran a la medida de las Farc y cuando se negoció cumpliendo estándares internacionales, donde la suerte de cualquier perpetrador (guerrilleros, militares y civiles) depende de la víctima, por el modelo transicional restaurativo adoptado y tantas veces explicado en esta columna, se pretende reemplazarlo por uno que viene siendo utilizado y observado -no avalado como el de La Habana- por la CPI. 

Los del No -después del plebiscito- olvidaron el argumento de la impunidad y proponen como alternativa al concepto de restricción de la libertad consagrado en los acuerdos de La Habana -que hoy solo les suena demasiado abstracto y suave- la fórmula intermedia de unas granjas o colonias penales: áreas rurales delimitadas donde tendrían que cumplir sus condenas haciendo trabajo agrícola. Es decir, que no se llamen zonas de confinamiento y no hagan trabajos de desminado, reconstrucción de infraestructura, reparación de daño ambiental, etc.

El cálculo político de unos y el interés de otros: iglesias que no defienden la paz sino el dogma, grandes grupos económicos que con “responsabilidad empresarial” financian el Sí y el No, taxistas y transportistas de carga que defienden el statu quo de su “buen servicio”, entre otros, no pueden hipotecar la paz de las generaciones futuras. Insistimos: es el momento de reflexionar sobre la responsabilidad que nos compete por alimentar o ignorar la guerra.