¿Quién piensa en las minorías de San Andrés?

El reconocimiento de las minorías como sujetos del derecho no solo contribuyó a marcar la tendencia de humanización del ordenamiento internacional, sino que fue recogido por un nuevo constitucionalismo que se oponía al clásico, soportado más en los derechos del Estado que en el de los individuos que lo componen. Con esa tendencia la Constitución del 91 reconoce los derechos de los indígenas y garantiza que sus territorios estén gobernados por consejos y reglamentos creados según sus usos y costumbres. Esta lógica de geografía humana, por un lado, obliga a esas minorías a velar por el orden público, por la aplicación de las normas, usos del suelo y poblamiento y por la preservación de sus recursos naturales y, además, los faculta a diseñar políticas, planes y programas de desarrollo económico y social, a percibir y distribuir sus recursos y, lo más importante, a representar sus territorios (art. 330).

Sin embargo, esta lógica de autonomía ligada a las etnias no alcanzó a los raizales de San Andrés, y como dijo El Espectador al cubrir el segundo congreso raizal, ellos vienen reivindicando por años estos derechos, mientras la Colombia continental cree que San Andrés le pertenece y que sus problemas se reducen a las consecuencias de la sentencia de la Corte Internacional. Este no es un problema de atribución de territorios sino de geografía humana que se sigue desconociendo, pues los problemas del archipiélago no se solucionan con un patrioterismo que solo sirve a intereses politiqueros. 

Los raizales, como todos los colombianos, comparten el sentimiento de despojo por el fallo de La Haya, no obstante, viendo las reacciones de la Colombia continental, precipitan la necesidad de un discurso unificado frente a un Estado que desconoce sus derechos como minorías, al punto que ni siquiera se aludió al pueblo raizal en la defensa colombiana pueblo que, por cierto, como el wayúu, no solo habita en Colombia sino en varios estados del Caribe occidental, incluido Nicaragua. Así, el Esguerra-Bárcenas y las disputas se refieren a dos estados y no a un solo pueblo que a través de sus pescadores industriales se viene reuniendo -incluso con Ortega- buscando alternativas reales al fallo. 

Los gobiernos de Colombia incumplieron el mandato constitucional y los acuerdos de 1999 sobre el reconocimiento de la etnicidad y en materia de sobre poblamiento, en lugar de generar políticas públicas que lo prevengan, se optó por medidas tan contradictorias como la tomada por Uribe que fomentó que las víctimas del conflicto y los desmovilizados de los paramilitares se instalaran en la isla. El censo de 2005 dice que en 27 km cuadrados viven 55.426 personas, hoy las organizaciones sociales consideran que están entre 90.000 y 120.000. 

En octubre pasado, la Academia Diplomática convocó a cuatro expertos en derecho internacional, para que en conferencias abiertas y por tres días, explicáramos a la comunidad lo ocurrido con el fallo de La Haya, con contextualización histórica, geográfica y jurídica. Por primera vez interactuaron, fueron oídos y vencieron el secretismo de una defensa que se hizo a espaldas del país y, sobre todo, de los sanandresanos. La semana pasada se repitió la experiencia, pero esta vez incluidos el agente y el coagente que nos defenderán en los dos nuevos procesos con Nicaragua, con el compromiso que estos debates ante la Corte contarán con su participación.

La población raizal es minoría en las islas, pero eso no impide su reconocimiento conforme a la Constitución. Ellos y los demás sanandresanos deben planificar su incierto futuro, y los demás debemos oírlos y así todos haremos patria.