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En las dos últimas semanas se han presentado todo tipo de propuestas para reformar a las Naciones Unidas, en especial al Consejo de Seguridad. Unas más extremas que otras, como la del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, que plantea crear una organización alternativa, sin los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
Por su parte, la presidenta Cristina Fernández de Argentina defiende la reforma del Consejo sobre una lógica de “más consensos y menos vetos”. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, respaldó la incorporación de Brasil, Alemania, Japón e India como miembros permanentes. Por último, Laurent Fabius, jefe de la diplomacia francesa, propone que estos miembros renuncien al derecho de veto cuando se traten temas como los “crímenes de masas”.
Los dos primeros planteamientos son análogos a nuestras prácticas regionales. Primero surge Unasur y luego el Celac con el propósito de excluir a los EE.UU., creando organizaciones subregionales que deciden por consenso, esto es que todos los miembros que componen el órgano decisorio en el organismo internacional deben estar de acuerdo, de lo contrario la bloquean. Imagínense un Consejo de Seguridad con los 15 miembros de hoy o con un mayor número, independientemente de quienes sean, que necesite un consenso pleno para decidir. En los 68 años de la ONU sobran los dedos de una mano para contar las veces que se ha decidido una medida coercitiva por unanimidad, la más reciente fue la que aprobó la resolución que ordena la eliminación de las armas tóxicas que almacena Siria, y que quebró más de dos años y medio de bloqueo.
La incorporación de otros países como miembros permanentes al Consejo de Seguridad, no cambiaría nada distinto a que el bloqueo pueda provenir ya no de cinco sino de más miembros. Por el contrario, la propuesta francesa es más valiosa, sobre todo porque la presenta un miembro permanente, dispuesto a desprenderse de su derecho a veto en casos de crímenes de masas. No obstante, no deja claro si el mismo Consejo califica la situación como crimen, pues ahí podría darse el bloqueo.
Sin embargo, desde 1950 la Asamblea General adoptó la resolución Unión Pro Paz, que le permite tomar medidas colectivas si el Consejo de Seguridad está bloqueado. Esta facultad se puede ejercer en casos de quebrantamiento de la paz o actos de agresión, incluso autorizando el empleo de la fuerza armada si fuere necesario para cuidar o restablecer la paz y la seguridad mundiales. En otras palabras, no solo se excluyen de su obligación de cooperar con los fines de la Carta los miembros permanentes, sino la totalidad de los de la Asamblea, que ni siquiera proponen iniciativas en este sentido, aunque los miembros permanentes del Consejo anuncien vetos.
La comunidad de estados tiene un doble rasero, que no se soluciona con la reforma del Consejo de Seguridad, sino con la asunción de las responsabilidades de todos los miembros de la ONU. Las dificultades no solo se evidencian en temas álgidos, como la implementación de medidas coercitivas, pues incluso se dan cuando los estados condenan -según sus intereses- los golpes de Estado. En la caída de Mursi en Egipto, la mayoría omitió pronunciamientos oficiales, otros como Israel dijeron no tener comentarios, los Estados Unidos y la Unión Europea evitaron hablar de golpe de Estado, y en los extremos tenemos a Turquía que condenó el golpe y Jordania, Siria y Qatar que lo celebraron.
